La UIF investiga a Latinus por presuntos paraísos fiscales y lavado de dinero, pero el presidente volvió a violar la Ley de Protección de Datos Personales de Loret de Mola, Denise Dresser y otros periodistas.
La UIF investiga a Latinus. Después de una serie de denuncias y especulaciones acerca de la investigación en contra de los periodistas Carlos Loret de Mola y Victor Trujillo “Brozo”, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que las indagaciones no son en contra de ellos, sino del consorcio empresarial “Latinus”.
Sin embargo, el Gobierno de México lo hizo de nuevo: aunque “ la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido a ningún periodista, ningún profesional de la comunicación ni persona que se dedique a esta actividad”, el gobierno violó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados al presentar una diapositiva con los ingresos de Loret de Mola, Víctor Trujillo, Silva Herzog y Denise Dresser, entre otros periodistas que trabajan en Latinus, en la conferencia matutina del 3 de julio.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que la UIF investiga a Latinus como consorcio desde el 20 de mayo de 2021. Esto, debido a una serie de operaciones vulnerables que fueron detectadas por la inteligencia financiera y que fueron calificadas como delitos de lavado de dinero y corrupción.
Para rematar, el titular de la UIF aclaró que “no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno” y al mismo tiempo, se contradijo al vulnerar su derecho a la privacidad.
La UIF investiga a Latinus por presunto lavado de dinero
De acuerdo con Pablo Gómez, de las actividades de investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ninguna corresponde a Carlos Loret de Mola, contrario a lo que se había denunciado y especulado en una columna publicada por la periodista Peniley Ramírez en el diario Reforma.
Para explicarlo, Gómez mostró una primera tabla que contiene los ingresos de las siguientes empresas:
- Latinus Media Group, constituida el 13 de enero de 2020
- Latinus Media Radio
- Latinus Media Hub
El principal accionista de todo el consorcio de Latinus es Cristian González Guadarrama. Ahora bien, de acuerdo con el Gobierno de México, existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales para realizar actividades “vulnerables” (mismas que se distinguen como focos rojos por lavado de dinero para la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Estas son:
- Digital Beacon Programmatic
- BCG Limited Consulting S.A de C.V.
El total mostrado en la tabla es de dos mil 437 millones 285 mil 272 pesos con 96 centavos, que fueron recibidos entre 2019 y 2024 con alerta de actividades vulnerables.
Por disposición de ley, las actividades denominadas vulnerables son archivadas y se investigan en función de los criterios del sistema financiero.
Los principales movimientos financieros que investiga el sistema tienen que ver con:
- Juegos y apuestas
- Uso de tarjetas de crédito y tarjetas prepagadas, monederos o préstamos.
- Transmisión de derechos, derechos personales o goce de inmuebles.
- Desarrollo inmobiliario, comercialización de piedras, metales preciosos, joyas y subastas de arte.
- Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos y servicios de blindaje.
- Traslado y custodia de dinero, recepción de donativos, operaciones con activos virtuales.
- Constitución o modificación de fideicomisos, otorgamiento de poderes, comercio exterior y servicios personales.
Este hallazgo resultó en el seguimiento de la denuncia presentada el 20 de mayo de 2021, por presuntos delitos de lavado de dinero y actos de corrupción.
¿Por qué el gobierno tiene acceso a la información de Latinus?
Ahora bien, esta información es de presunto orden federal, ya que la UIF investiga a Latinus por uso de recursos públicos. Según su titular, el consorcio ha recibido dinero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de manera directa a partir de los estados de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, y de manera indirecta mediante negocios de salud del Estado de México, Michoacán e Hidalgo.
Sin embargo, Loret de Mola no aparece como accionista, co-dueño, ejecutivo, manager o gerente del consorcio empresarial Latinus. Por ese motivo, independientemente de que él y los periodistas implicados presten servicios y cobren a la empresa, Latinus es un consorcio en sí mismo. Esto significa que ellos no forman parte como responsables legales al trabajar o prestar servicios en alguna de sus empresas.
Y aunque el titular de la UIF reiteró que la investigación no incluía denuncias hacia Loret de Mola y sus compañeros periodistas, Andrés Manuel López Obrador y Pablo Gómez mostraron una pantalla con los ingresos personales de los mismos en el lapso comprendido entre el año 2020 y 2024.
“Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF”, fueron las palabras de Pablo Gómez, antes de mostrar una tabla con los ingresos de 12 periodistas y razones sociales sin justificación, tal como AMLO lo hizo el 11 de febrero de 2022 con los ingresos de Loret de Mola, dos semanas después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus publicaran el reportaje “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO”, con el valor de las residencias en Houston en las que vivió su hijo José Ramón López Beltrán.
El gobierno habla del respeto a la ley, pero la viola (otra vez)
“La política del gobierno, desde un principio, fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio”, explicó Pablo Gómez.
Pero al ejercer su réplica ante las denuncias de Loret de Mola y Víctor Trujillo, violó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Esta ley establece que “toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular”.
Además, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece que “los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37″.
¿Cuáles son esas excepciones? ¿Justifican lo que hizo el gobierno de México?
Esos artículos establecen lo siguiente:
- Artículo 10:
No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando los datos figuren en fuentes de acceso público; exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes, o sean indispensables para la atención médica.
- Artículo 37:
Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico. También, cuando sea legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia. Y cuando sea precisa para el reconocimiento o defensa de un derecho en un proceso judicial, así como el cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular.
De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales, aunque la UIF investiga a Latinus, el gobierno de México vulneró uno de los derechos esenciales de los periodistas. La información bancaria de Loret de Mola, Brozo y Denise Dresser, entre otros, es confidencial. Pero en el sexenio de López Obrador, vulnerar los derechos de los periodistas ha sido una práctica cotidiana.
¿Qué parte de “¡a mí no me vengan con que la Ley es la Ley!” no se ha entendido? ¿Acaso no se ha entendido que con su Pejestad macuspana ÉL ES LE LEY? Por lo tanto, NO HA VIOLADO NINGUNA LEY, PORQUE ÉL NO HA EXPEDIDO LEY ALGUNA QUE SANCIONE LO QUE ESTÁ HACIENDO, ¡PUNTO! Y si lo hiciera, pues la manda ABROGAR de inmediato… ¡Y PUNTO! ¿Cuál es el problema? Pinches periodistas conservadores que sólo quieren PERJUDICARLO, a ver si ya se van “pejeculturizando”. ¿Seis años y todavía no se la aprenden?