El asesinato de Reynaldo Pérez, defensor indígena, ocurrió el 28 de octubre en Chenalhó, Chiapas, pese a que la ONU había alertado al Gobierno de México sobre las amenazas de muerte y ataques en su contra.

El asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena de derechos humanos, ocurrió la tarde del 28 de octubre de 2026 en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, Chiapas. Fueron dos hombres que viajaban en motocicleta los cuales le dispararon para después huir del lugar.

¿Quién era Reynaldo Pérez? 

Reynaldo Pérez Pérez era un defensor de derechos humanos perteneciente al pueblo indígena tsotsil, que dedicaba su trabajo a acompañar a víctimas de violaciones a sus derechos humanos en la región de Los Altos de Chiapas. Entre sus principales labores se encontraba el apoyo a familias que habían sido desplazadas de sus comunidades debido a la violencia y la presencia de grupos armados.

Además, colaboraba con la organización Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz y brindaba asesoría a familias desplazadas de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó. Su trabajo también incluía la mediación en conflictos agrarios y territoriales entre comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó y otras localidades de la región, así como la interlocución con la Fiscalía Indígena de Los Altos de Chiapas.

El asesinato de Reynaldo Pérez 

El ataque ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026 en Yabteclum, comunidad perteneciente al municipio de Chenalhó. De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron a Reynaldo Pérez y dispararon contra él con un arma corta. Reportes periodísticos señalaron que recibió al menos siete impactos de bala.

Tras el homicidio, el fiscal Llaven Abarca informó que se integró un grupo especial de ministerios públicos para investigar el caso. También se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para supervisar las diligencias. El fiscal señaló que todavía no existía una línea de investigación concreta y no había elementos para vincular el asesinato con algún conflicto político o social de la región.

Reyaldo Pérez había sido amenazado

El 17 de febrero de 2025, relatores de los organismos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, Morris Tidball-Binz, Gina Romero y Albert K. Barume advirtieron al Gobierno de México sobre las amenazas que existían en contra de Pérez Pérez. Dichas amenazas fueron documentadas en la comunicación conjunta AL MEX 1/2025. 

Según la información recibida por los relatores, dos defensores de derechos humanos, Reynaldo Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ya habían enfrentado incidentes de seguridad desde octubre de 2022. Entre los hechos denunciados se encontraban amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados.

En particular, el documento mencionó los conflictos relacionados con el municipio de Pantelhó y los hechos ocurridos en diciembre de 2024, cuando un grupo tomó la presidencia municipal en medio de disputas políticas y de seguridad.

En octubre de 2024, Reynaldo Pérez había expresado públicamente dudas sobre la autoría material del asesinato del sacerdote y defensor indígena Marcelo Pérez durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti. En la conversación habría señalado a integrantes del grupo conocido como “Los Herrera” en relación con ese caso y afirmó que había compartido información con autoridades.

La respuesta del Gobierno de México 

El 1 de abril de 2025, el gobierno habría dicho que la seguridad de estos hombres estaba totalmente controlada y que fueron incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el 13 de junio de 2023.

El Gobierno también señaló que los casos de ambos defensores fueron presentados ante la Junta de Gobierno del mecanismo desde enero de 2024, cuando se determinó un plan de protección. Añadió que personal del área de seguimiento mantenía comunicación con las personas beneficiarias.

Sin embargo, en la versión pública del documento no es posible conocer los detalles de las medidas implementadas, ya que la información está testada. Por ello, no es posible precisar a partir de esa respuesta cuáles fueron todas las acciones de protección. Sobre todo porque los relatores consideraron que las medidas eran insuficientes frente al nivel de riesgo que enfrentaban.