El sacerdote asesinado en Chiapas debía tener protección de las autoridades por antecedentes de amenazas. Le dispararon cuando iba saliendo de misa.

El sacerdote asesinado en Chiapas no dedicaba su vida exclusivamente a las tareas parroquiales, era un activista por los derechos indígenas y había buscado el apoyo de las autoridades locales y estatales para frenar la violencia y el narcotráfico en la entidad. La mañana del 20 de octubre de 2024, el padre Marcelo Pérez Pérez fue asesinado a balazos cuando salía de una misa. 

Después de ofrecer la misa de las 7 de la mañana, el sacerdote salió del barrio Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas; fueron los habitantes de la colonia quienes pidieron que les llevara una misa. Eran aproximadamente las 7:40 cuando subió a su camioneta blanca con vidrios oscuros, con la intención de conducir rumbo al templo del barrio de Guadalupe, de donde era párroco. 

El padre Marcelo Pérez no alcanzó a mover su camioneta. Una motocicleta se emparejó a su lado y dos hombres dispararon en repetidas ocasiones contra la ventanilla del conductor, para después darse a la fuga. Entre los gritos y el llanto de pánico de la congregación católica, las personas que escucharon su misa corrieron a auxiliarlo, pero el padre ya estaba muerto. 

Marcelo Pérez había denunciado al menos desde 2020 que estaba recibiendo amenazas telefónicas. Además, el 2 de agosto de este año advirtió que había un precio por su vida que variaba entre 150 mil y un millón de pesos, según reportó el periodista Isaín Mandujano. 

Aunque el Padre Marcelo era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no contaba con ningún tipo de protección del gobierno de México. 

El asesinato del sacerdote no es un evento aislado. De acuerdo con los datos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y agosto de 2024 han sido registrados mil 16 asesinatos en Chiapas. 

¿Qué dicen Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas sobre el sacerdote? 

“Estamos en contacto (con las autoridades de Chiapas) y se están haciendo las investigaciones. Se está atendiendo. Estamos en contacto con las autoridades eclesiásticas”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 21 de octubre. 

Aunque las autoridades federales están “en contacto” por el caso del sacerdote asesinado en Chiapas, las medidas debieron tomarse desde el momento en el que el padre y activista recibió la primera amenaza. 

Pero la respuesta del gobernador Rutilio Escandón no brinda mayores explicaciones, y ese ha sido uno de sus métodos de comunicación durante su gobierno. Durante la mañana del 25 de marzo de 2024, fueron asesinados seis habitantes del municipio de Pantelhó, Chiapas. Y todavía después de que esto causó la suspensión de actividades de Semana Santa y paros comerciales por la presencia del crimen organizado, su mensaje sobre el sacerdote asesinado en Chiapas fue el mismo que ha brindado con los homicidios anteriores: 

“Condeno y lamento el cobarde asesinato del padre Marcelo Pérez, vamos a colaborar con todas las autoridades correspondientes para que su muerte no quede impune y los culpables enfrenten la justicia”, expresó en su perfil de X.

Marcelo Pérez empezó a recibir amenazas de muerte y campañas de difamación desde 2014. Esto se debía a su labor como mediador en el conflicto que azota a los municipios de Chiapas, donde grupos armados y de autodefensas han estado en constante confrontación.

De acuerdo con el documento de medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas fueron las primeras amenazas hacia el sacerdote:

• Los días 22 y 23 de mayo de 2014, el padre Marcelo Pérez fue víctima de persecución por personas que parecían “militares”, ya que iban uniformados y con cortes de cabello similares. 
• El 6 de junio de 2014, en una de las peregrinaciones del sacerdote, un miembro del Consejo Parroquial denunció que alguien le dijo que “lo vamos a callar al padre (a Marcelo Pérez Pérez) con un balazo”. 
• El 1 de agosto de 2014, 150 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) organizaron una marcha en contra del sacerdote por generar “inestabilidad” en la iglesia de Simojovel, Chiapas. 
• El 24 de agosto de 2014, una testigo recibió un mensaje bajo la puerta en el que la amenazaron de muerte y revelaron un presunto plan para “ejecutar” al padre Marcelo Pérez Pérez a cambio de 400 mil pesos. 
• Hasta junio de 2015, el padre continuó recibiendo amenazas en los templos de la comunidad. La última en el informe del CIDH es del 22 de junio de ese año, en la que un Párroco del municipio de Bochil escuchó que iban a “descabezar al padre Marcelo de Simojovel”.

A raíz de las amenazas, la Diócesis optó por reubicarlo de la parroquia de Simojovel a la parroquia de Guadalupe, situada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

El 13 de septiembre de 2024, el padre Marcelo se unió a la Marcha por la Paz en Tuxtla Gutiérrez, donde más de 20 mil personas clamaron por terminar la crisis de violencia en Chiapas. Durante este evento, tanto él como otros líderes religiosos reafirmaron sus denuncias sobre las amenazas que enfrentan y criticaron el silencio del gobierno en la protección de quienes defienden los Derechos Humanos.

“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, dijo el sacerdote, un mes antes de ser asesinado en su entidad de origen. 

El sacerdote debía tener protección de las autoridades, pero no le hicieron caso

El caso de Marcelo Pérez, el sacerdote asesinado en Chiapas, llegó a las manos de la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). La tarde del 20 de octubre, la ONU publicó un comunicado en el que califica el crimen como “absolutamente inaceptable” y exige a las autoridades mexicanas llevar a cabo una investigación rápida y exhaustiva, porque no lo protegieron: 

“A pesar de contar con medidas de protección y de las constantes denuncias sobre las agresiones que enfrentaba, éstas resultaron insuficientes para impedir su asesinato”, dice el comunicado. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación, recordando que desde 2015 el padre Marcelo había estado bajo medidas de protección debido al constante peligro al que estaba expuesto.

Este argumento fue retomado por las Universidades Jesuitas de México (la Universidad Iberoamericana, la Universidad Jesuita de Guadalajara, el Instituto Superior Intercultural Ayuuc y el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco), que manifestaron su solidaridad con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 

Estas son algunos de los movimientos que fueron liderados por el sacerdote: 

• Desde 2014 el padre Marcelo se erigió como un activista en la lucha contra el crimen organizado en Chiapas. Ese año, lideró una peregrinación que abarcó 12 municipios, incluida la capital, Tuxtla Gutiérrez, para alzar la voz contra el aumento del tráfico de drogas y la infiltración de grupos criminales en las comunidades indígenas.
• En 2021 propuso la creación de una comisión de mediación que integrara a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a las autoridades estatales y federales.  Sin embargo, esta propuesta fue recibida con desconfianza y enfrentó críticas severas, incluida una campaña de desprestigio que lo vinculaba a la desaparición de 19 personas.

A pesar de sus repetidas solicitudes de protección, el gobierno mexicano nunca lo integró al mecanismo de protección para personas defensoras de los Derechos Humanos. En múltiples discursos, el sacerdote afirmaba que continuaba su labor “bajo la protección de Dios” y que, aunque vivía con miedo, no dejaría de buscar justicia.

Desde 2017 hasta 2024, la ONU-DH ha registrado al menos 134 homicidios de defensores de derechos humanos vinculados con sus labores. En lo que va de 2024, al menos siete defensores han sido asesinados en México.