El sector público guarda entre sus responsabilidades el documentar cada una de las funciones que con motivo de sus atribuciones y competencias realizan las personas servidores públicos que las integran. Ello, en función del interés que representa para la población el conocer las diferentes gestiones, tanto de recursos como de los trámites y servicios que atienden.
Sin embargo, no obstante la transparencia y rendición de cuentas, se nos está olvidando que la información que se genera desde la administración pública puede contribuir ampliamente a la generación de conocimiento cuando se difunde de manera proactiva a través de lo que se conoce como datos abiertos.
Este concepto, que en resumen consiste en poner a disposición de cualquier persona datos públicos para su libre uso y distribución, se ha visto limitado en su operación por fallas en las que es urgente trabajar, como los pocos esfuerzos en la valoración de información y los procesos de digitalización de esta, así como la falta de procedimientos estandarizados en gestión documental para la integración de bases de datos automatizadas.
Es cierto que existen instrumentos importantes como el Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos y la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos de la Secretaría de la Función Pública, mediante la cual se establece la directriz a seguir para la publicación de esta información a nivel federal, pero es impostergable involucrar e integrar a las instituciones estatales y municipales en una política transversal que estandarice la generación de este tipo de insumos, máxime cuando la experiencia nos deja ver que tras las transiciones gubernamentales la información sigue desapareciendo como parte de magia.
Tal parece, que publicar datos abiertos nos cuesta trabajo porque no hemos adoptado con compromiso la Estrategia Nacional Digital; porque no terminamos de entender que un documento en papel y una base datos son igual de importantes, pero que la segunda tiende a facilitar condiciones de accesibilidad para el usuario; porque en materia de infraestructura nos preocupa más cómo se ve una pared y no cómo digitalizar un archivo.
Avanzar en este tema nos sigue costando tanto porque vemos la publicación de datos abiertos como una carga de trabajo. Pero ante el ojo del escrutinio, ¿acaso le tendremos miedo al empoderamiento ciudadano a través de la información?
***
Marco Juárez
Comunicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consultor en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales con más de 7 años de experiencia en la administración pública. LinkedIn: Marco Juárez | Twitter: @SoyMarkoJuarez
