Hace 41 años se promulgó el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, mejor conocido como Convenio 108 del Consejo de Europa, el cual sentó un precedente internacional respecto a la garantía del derecho a la protección de protección de datos personales de cualquier persona más allá de un límite jurisdiccional individual entre los países miembros de la Unión Europea.

Gracias a este instrumento se reconocieron por primera vez a escala mundial los principios del tratamiento, o uso de datos personales, que hoy integran las legislaciones locales en la materia; grosso modo el reto estaba claramente establecido: obtener información personal de forma leal y legítima para finalidades claras, puntuales e informadas, aprovechando y conservando esta de manera responsable más allá del flujo transfronterizo de datos.

En México, la adopción de este Convenio se dio en 2018, 37 años después su origen y más de una década después del reconocimiento de la primera aparición del respeto a la vida privada en nuestra Constitución. Sin embargo, dejando de lado estos antecedentes, en apariencia desalentadores, y más allá de las diferencias históricas, políticas y sociales entre las realidades americana y europea, cumplimos 11 años de lucha en la garantía de un derecho que cuyas brechas se han acrecentado a la par del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), el surgimiento de los gobiernos digitales, el comercio digital y la ciberadaptación a marchas forzadas herencia de la pandemia.

Sí, hay mucho que celebrar, como el contar con organismos garantes autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los demás órganos estatales; tener una Ley Federal aplicable a particulares y otra, General, que regula a las dependencias de sector público estatal y municipal, o haber modificado el Código Penal para sancionar la violencia digital, pero hay un reto que a pesar de los arrojos institucionales no se ha podido afrontar.

De acuerdo con datos del Módulo sobre Ciberacoso 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 35% de las y los usuarios de Internet de 12 años o más que sufrió algún acto de ciberacoso, fue contactado a través de una identidad falsa, mientras que un 17.4% fue objeto de suplantación de identidad y un 12% fue víctima de doxing, es decir, que su información personal fue publicada sin su consentimiento. Tras estos resultados, de poca utilidad sería buscar un culpable corporativo o gubernamental, aunque es cierto, dichos sectores tienen mucho por hacer en materia de promoción, capacitación, seguridad y sensibilización, pues la tendencia de ocurrencia ha ido al alza.

No obstante, es fundamental trabajar desde un ámbito ciudadano, con efectos de lo individual a lo colectivo. Desde el reconocer en lo personal el valor de nuestra información como símbolo de nuestra identidad para así reconocer el valor de todos, hasta el ser consciente de la responsabilidad del uso de bases de datos personales a gran escala. Y ojo, pues esta tarea de ponernos en el lugar de otros, y cuidar la información de un tercero como si fuera la propia no es ajena al quehacer de nuestras empresas o instituciones: el Día Internacional de Protección de Datos Personales es universal y conjunto.

Conmemoremos esta fecha, y no olvidemos que una celebración es un llamado a la acción. Nuestro reto más grande como sociedad aún lo tenemos pendiente y es que tras 11 años aún nos castiga la falta de empatía.

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Marco Juárez

Comunicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consultor en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales con más de 7 años de experiencia en la administración pública. LinkedIn: Marco Juárez | Twitter: @SoyMarkoJuarez