¿Cómo una plataforma electoral en materia de seguridad pudo haber cambiado tan drásticamente en unos meses? ¿Qué construyó, modificó o deformó las promesas de Andrés Manuel López Obrador en seguridad? ¿Cómo pasamos de un “abrazos, no balazos” a una propuesta de seguridad pública militarizada?
Promesa (abril 2018)
Durante un mitin en Mazatlán, AMLO prometió serenar Sinaloa para que hubiera “abrazos, no balazos” y, aseguró que aunque lo criticaran, cambiaría la estrategia de seguridad. Desde entonces, su discurso ya tenía muy claro el elemento de la prevención de violencia desde el desarrollo social (habría sido el mismo discurso que utilizó en el primer debate por la Presidencia).
Festejo (julio 2018)
Tras el anuncio de su victoria y con el título de Presidente Electo en el bolsillo, AMLO reafirmó su compromiso con un “se van a respetar a todos, y van a ser abrazos y besos, abrazos no balazos”, y manifestó que no claudicaría en su objetivo de respetar los derechos humanos para acabar con la violencia (básicamente sólo estaba feliz).
Perturbación (agosto 2018)
Habría trascendido una reunión entre el General Salvador Cienfuegos y AMLO (junto a Alfonso Durazo), donde le habrían mostrado las condiciones criminales en el territorio nacional, así como las debilidades de la Policía Federal para enfrentarlas, lo cual impactó en su estrategia y el rol que adquirieron Seguridad Pública, Marina, Defensa y Policía.
Recomposición (octubre 2018)
En una reunión con el gobernador tamaulipeco Javier García Cabeza de Vaca, AMLO anunció que parte del Plan de Paz era dividir al país en 265 regiones, las cuales serían integradas por elementos de diferentes corporaciones (aún se hablaba de policías) bajo un mando único (quizá ya se veía el liderazgo militar) y serían capacitados para trabajar en la prevención más que en lo coercitivo.
Militarización (noviembre 2018)
Con el anuncio del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, AMLO comunicó la creación de la Guardia Nacional en la que liderarían oficiales de la Fuerza Armada, la cual estaría integrada primero por las policías Militar, Naval y Federal, luego por miembros de las Fuerzas Armadas (soldados), y finalmente, por jóvenes que deseen integrarse.
Resultado* (diciembre 2019)
Han transcurrido cinco días desde que AMLO asumió la Presidencia, y comienza a circular un documento que detalla 266 zonas divididas en 150 regiones, donde se muestra la importancia de las Fuerzas Armadas (y la muerte anunciada de la Policía Federal). Dichas zonas fueron catalogadas por índice delictivo (bajo, medio y alto) y asignadas a una institución: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) o la Policía Federal (PF).
Así hemos pasado de la especulación a la corroboración de que la SEDENA pesa, ya que cuenta con 216 zonas (81.2%); en tanto que la SEMAR tiene 34 (12.8%) –básicamente por su ubicación en puertos marítimos- y finalmente, la PF encauzará 16 (6.0%) –técnicamente encapsulada en la Ciudad de México-.
Respecto al índice delictivo que calcularon, se muestra que existen 153 zonas de alto riesgo; 62 de medio; y 51 de bajo. En este sentido, se muestra la misma tendencia en la distribución de zonas de riesgo, donde la SEDENA se sacó la rifa del tigre con el 90.8%; mientras la SEMAR con el 12.8% (destaca la región Noroeste); y la PF con el 0.7% (sólo Azcapotzalco).
Escenario 2019
El giro de la estrategia “abrazos, no balazos” a un (engañoso) “abrazos no, balazos” sólo se puede explicar por medio de los siguientes factores:
a) El desconocimiento que tenía el equipo presidencial sobre la verdadera situación criminal que guardaba el país (lo que explica que la SEDENA se haya vuelto el principal asesor)
b) La endeble situación que tienen las corporaciones policiacas (infiltradas, sin dinero, sin capacitación y olvidadas)
c) La experiencia y poder de fuego de las Fuerzas Armadas en el combate con grupos criminales.
Pero, ¿puede un modelo coexistir con elementos tan dispares como la militarización de la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos y la debilidad policiaca? ¿Estamos ante la invención de una nueva forma de proteger a las poblaciones en contextos de crisis de seguridad o ante un fracaso seguro? ¿Existirá un escenario donde puedan convivir todos estos elementos y disminuya la violencia?
El único escenario que imagino con estas condiciones es uno donde se desarrollen 266 zonas blindadas –donde la gente pueda tener acceso a salud, educación, alimentos, comunicaciones, cultura, trabajo, justicia y comercio- las cuales serían resguardados por la Guardia Nacional. En el exterior estarían los elementos castrenses que funjan como primer escudo, y al interior, los miembros de las corporaciones policíacas que saneen la actividad criminal de menor rango.
Todo vigilado por ese espectro que no ha aparecido territorialmente en el Plan de Paz y Seguridad llamado Derechos Humanos y que recaerá en la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Ojalá todo funcione.
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NOTA: La metodología usada considera a la región de Juchitán de Zaragoza como de medio riesgo aun cuando atraviesa una de sus peores crisis tras la caída del Cartel de Oaxaca (Díaz Parada), el eventual fracaso de la Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca (FESO) y la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el Cártel del Golfo, los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana por las rutas de trasiego.
*Tuve acceso al documento.
