Cuando me pidieron escribir esta columna tenía muchas dudas sobre cómo empezarla o de qué hablar. ¿Sería de transparencia, para analizar los cientos de errores y trabas que los entes encargados de garantizarla nos ponen día a día para que no logremos obtener la información que en teoría es pública? ¿O mejor escribiría acerca del calvario para abrir los datos que genera el gobierno, y de la travesía que significa entender las páginas oficiales que se terminan convirtiendo en un laberinto de archivos y conceptos para alejar al ciudadano de la lectura de esa data?

Quizás sí, un poco de todo. Pero también pensé en iniciar este espacio hablando sobre un tema que está golpeando de nuevo y con mucha fuerza a este país: la desaparición de personas. ¿Y qué tiene que ver esto con la transparencia y los datos?

Después de un par de años de cubrir el tema de las desapariciones y buscar datos oficiales para tratar de entender este espantoso fenómeno, el resultado es que, al menos en Puebla –y seguramente en muchos otros estados– no hay información.

Los datos públicos pero no abiertos son los del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que son las denuncias ante autoridades ministeriales por personas extraviadas o desaparecidas. Los datos de delitos del fuero común, que son la mayoría no están ordenados y se actualizan un mes más tarde.

Los otros datos que se pueden conseguir para saber dónde están aumentando las desapariciones son los de las Fiscalías, pero hay que pedirlos por transparencia y, como ya sabrán, esperar los 20 días hábiles; eso, si todo sale bien y no se amplía el plazo. Ah, y hay que especificar que los datos estén en formato abierto y ordenados. A la Fiscalía de Puebla le tomó un recurso de revisión y más de un año de pedir actualizaciones de información para entregar la data en una hoja de cálculo que se pudiera manipular y no en PDFs imposibles.

Suponiendo que ya se tenga esta información, lo único que se puede saber es el municipio donde desapareció la persona. Es decir, no hay certeza de si vivía ahí, si nació ahí, si iba de paso. Nada. Tampoco en qué colonia o barrio fue vista por última vez.

Aunque los datos de sexo, edad y municipio donde se levantó la denuncia de desaparición dan algo de luz, no son suficientes. Al analizar y hacer cálculos lo que tenemos son esbozos de rutas del horror: municipios donde la gente desaparece con mayor frecuencia, donde hay más mujeres desaparecidas por cada cien mil habitantes, trazos en el mapa que muestran dónde es mayor este fenómeno.

Dejando a un lado la complejidad legal en el sentido en que la desaparición no es un delito como tal, sino que puede implicar otros ilícitos –como trata o secuestro– que no se investigan de entrada si no hay indicios para ellos, la falta de información no permite hacer un diagnóstico para describir qué es lo que está pasando y por qué la gente desaparece. En el caso del estado de Puebla, son particularmente las mujeres jóvenes las más vulnerables a este fenómeno.

Al pedir los datos de desaparición al municipio de Puebla, indicando colonia en la que ocurrió la desaparición y donde la persona fue vista por última vez (sin incluir datos personales), la respuesta fue que se tenían que generar las versiones públicas de tres mil 210 expedientes compuestos por 48 mil 150 fojas, aunque nunca se pidieron estos documentos.

El costo total de la información era de 96 mil 300 pesos -cada copia certificada cuesta dos pesos-.

La información que permitiría a las autoridades y sociedad civil generar alianzas y planear políticas públicas o programas para tratar de parar las desapariciones tanto a nivel estatal como nacional, no está disponible. Ya sea por argumentar que no la tienen así, que cuesta, que es confidencial, y cualquier otra excusa, la autoridad no se ha dedicado a hacer accesibles los datos con los cuales podríamos mapear y analizar para incidir y parar las desapariciones.

Como con muchos otros temas relacionados con la seguridad pública, la información que tenemos los ciudadanos es opaca y escueta. La actitud redundante de opacidad y negación de los datos hace que terminemos en círculos viciosos y larguísimos de batallas con Infomex, la Plataforma Nacional de Transparencia y cualquier órgano “garante” de la transparencia.

Para encontrar a nuestros desaparecidos tenemos también que seguir con la búsqueda de los datos.