En la agenda legislativa hay dos temas fundamentales para el derecho a la información: la emisión de una legislación que regule la Publicidad Oficial y la designación de dos nuevos comisionados/as para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El tic-tac del reloj suena cada vez más intenso, el tiempo se agota y en el Senado nada más no se les ven las ganas de cumplir -en buenos términos- con ambos mandatos.

En la cancha de la Publicidad Oficial, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les puso como fecha límite el 30 de abril a ambas Cámaras del Congreso para tener aprobada una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, mismo que se refiere a la propaganda gubernamental.

En este sentido, hace más de un mes, el 7 de febrero, un grupo de organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como los medios de comunicación y periodistas que conformamos el Colectivo #MediosLibres, hicimos llegar al Senado un decálogo con los principios mínimos que debería tener esta legislación, y llamamos a los legisladores a cumplir en “tiempo y forma” la sentencia de la Corte.  Asimismo, el 14 de febrero, los presidentes del INAI, del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortaron al Congreso  a iniciar el proceso legislativo y pidieron que este se dé de “manera plural, incluyente e informada”.

En respuesta, el 27 de febrero, se reunieron las Comisiones Unidas de Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera del Senado para iniciar los trabajos; en esa ocasión  estuvieron presentes integrantes del Colectivo #MediosLibres y representantes de los órganos autónomos, sin que en ella se definieran líneas de acción concretas. Después de eso, no hay avances a pesar de que existen por lo menos seis iniciativas sobre la materia.

Esta semana, desde el Colectivo #MediosLibres, enviamos una Carta Abierta a los legisladores solicitando de manera urgente que se presente una ruta crítica para llevar a cabo el proceso de manera clara y bajo principios de Parlamento Abierto, y que se cuente con un predictamen de la ley a más tardar el 16 de marzo.

¡El tiempo se acaba, queridos Senadores!

En la otra cancha, en la de la transparencia y el acceso a la información, el próximo 31 de marzo concluyen su periodo las comisionadas del INAI, Areli Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Senado pudo haber iniciado el proceso “en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el Comisionado que deje su puesto”, es decir, el tiempo empezó a correr a principios de febrero, pero nada.

Aun cuando los Senadores recibieron la notificación del INAI a finales de enero, no fue hasta la semana pasada -el 6 de marzo- que la Junta de Coordinación Política emitió la convocatoria correspondiente para el registro de candidaturas. Uno de los problemas de ésta es que los tiempos de registro son sumamente cortos.

Veamos. Los Senadores dieron un plazo de seis días hábiles para presentar la documentación (7, 8, 9, 12, 13 y 14 de marzo), pero de esos, los dos primeros (7 y 8) también sirvieron para difundir la convocatoria en dos medios de circulación nacional. Entonces si usted estuviera interesado en participar y vio la convocatoria el día 8, en términos reales le quedaron cuatro días para ir a entregar los documentos. A esto hay que sumarle que el 8 de marzo la Junta de Coordinación Política realizó una modificación a la convocatoria, misma que propuso difundir los días 9 y 10 de marzo, con lo cual la convocatoria final sólo tuvo como plazo de registro los días 12, 13 y 14.

Lo anterior no sólo limita la participación ciudadana al tener un plazo relativamente corto para postularse, sino que también impactaría en la calidad de las propuestas de plan de trabajo que tienen que presentar los aspirantes. ¿O será que los legisladores ya tienen bajo la manga a sus posibles candidatos y por eso quieren que sea corto el tiempo de registro? Conste que es pregunta.

Otro problema es la premura con la que el Senado realizará el proceso. Una vez que la Junta de Coordinación Política apruebe que los aspirantes cumplieron con los requisitos (para lo cual se puso un tiempo de tres días posteriores al cierre del registro), las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Justicia, deberán realizar la evaluación de las y los candidatos —en la cual se espera que se repita un proceso abierto y con participación de Sociedad Civil como se dio hace cuatro años— y elaborar un listado con los candidatos idóneos, del cual el Pleno elegirá a los dos nuevos comisionados/as.

Para todo eso, el Senado tendrá —si quiere hacer un papel digno y cumplir en tiempo— sólo dos semanas (con Semana Santa incluida y si el Presidente no los veta). ¿Será que los Senadores lograrán hacer un papel digno y tener a tiempo a dos comisionados/as que garanticen los mejores perfiles para el órgano garante?

¡El tiempo se acaba, queridos Senadores!