Existe una frase popular, con amplio margen de uso, cuya utilización fácilmente va del aleccionamiento moral al fundamentalismo democrático. Se trata de oración breve, de apenas cuatro palabras, pero fuerte, sólida, cuya debilidad sólo se enmarca en las acciones que la acompañan tras ser pronunciada.

“Predicar con el ejemplo” es una sentencia que invita a la acción, incita a la imitación y a seguir el camino correcto, sin embargo, la política reciente de nuestro país ha demostrado que el sendero de baldosa amarilla fácilmente culmina en la afectación a los derechos humanos, como es el caso de la privacidad. 

En días pasados vimos esta situación de modo flagrante, de una forma tan clara como las aguas de Champotón allá por Campeche, donde gobierna Layda Sansores, quien a través de su programa “El martes del jaguar” dio a conocer supuestas conversaciones entre el Senador de Morena, Ricardo Monreal, y el dirigente nacional del PRI, “Alito” Moreno. ¡Foul injustificable!, pues si bien los protagonistas del acto son objeto de escrutinio por su actividad pública, estas trasgresiones a la intimidad resultan desproporcionadas, muy dignas del extinto CISEN.

Como atenuante a su hierro, la gobernadora Sansores señaló que ”fue un material que nos llegó y que me siento en la obligación de informarlo porque creo que tienen derecho a la información nuestros ciudadanos”, pero el tema se aviva por su natural agravante; la posición de poder de una gobernadora cuyo mensaje a sus pares y conciudadanos resulta inquietante: el espionaje se vale.

Es bien sabido que esta invasión a la vida privada a la que me refiero no es nueva, y vive arraigada a cualquier estructura gubernamental, amparada y anclada, de forma usual, a los preceptos de seguridad nacional y labores de inteligencia. Sobre ello, a regañadientes, sin conceder absoluta aprobación, podríamos entenderlo como una necesidad cuando su aplicación es puntual y no se utiliza de forma discrecional para intereses particulares quienes dirigen el Estado.

Como sociedad hemos atestiguado la operación de un centro invasivo de investigación y el uso de spyware (Pegasus) para vigilar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y pese a ello, pareciera que políticamente no maduramos, pues resulta más atractivo el linchamiento mediático de un actor que el valor probatorio de un documento ante la autoridad competente. 

Pero no nos confundamos, no es momento de pensar mal para acertar, la gobernadora es una víctima más de la normalización de la vulneración, y sólo siguió el ejemplo que le han predicado. Pasó por encima de un derecho humano, una garantía constitucional que acompaña y delimita la libertad de expresión, pero ocurrió porque es la ruta que políticamente se nos ha mostrado, porque con gracia se imita a la figura que miras arriba, a un ser tan superior al que por ende no se le juzga.

Con estas demostraciones, ¿aun cuestionamos el papel de los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y su importancia en la promoción de una cultura de la protección de datos?

Por ahora el panorama no luce esperanzador, en este país no se alienta la corrupción, ni la impunidad ni la incongruencia, sólo se predica con el ejemplo.