Pese a su disponibilidad, los datos del SNSP tienen bastantes restricciones.
Cada mes cientos de medios publican notas de análisis de datos sobre incidencia delictiva. “Los homicidios dolosos escalaron, su máxima en los últimos meses”. “El secuestro bajó”. “El robo con violencia repuntó”. Titulares que se repiten y se reciclan basándose en la única fuente “confiable” de cifras que tiene el país: el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del SNSP abarcan delitos del fuero federal y del común; de este último los datos están a nivel municipal y son actualizados mensualmente. Todos vienen de los reportes directos que hacen las Fiscalías y Procuradurías de las entidades y vienen en formato abierto de hoja de cálculo.
A pesar de estar disponibles en el sitio web, el primer obstáculo es que el archivo con la información de todos los municipios del país es un concentrado de 2011 a 2017, es decir, no se puede revisar un año en particular sin descargar la gigantesca hoja de cálculo.
Pese a su disponibilidad, los datos del SNSP tienen bastantes restricciones. En primera, tomemos en cuenta la cifra negra: en delitos como secuestro algunos analistas de seguridad estiman la cifra negra, esto es, los delitos que no se denuncian, del 98%. En otros ilícitos como homicidio doloso y delitos sexuales esta oscila entre 93 y 95%.
De entrada esto significa que los datos que tenemos no representan siquiera el 10% de todos los delitos que se cometen en el país, pero finalmente la cifra negra es una estimación y tampoco se puede comprobar.
Otra de las complicaciones al analizar esta data es que solamente se basa en las averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por denuncias, y con el nuevo sistema de justicia penal que ahora integra justicia alternativa y medidas de conciliación, no todas las denuncias terminan siendo investigadas.
El tercer problema que tiene la información del SNSP es la falta de claridad en cuanto a los delitos. La clasificación “otros” agrupa muchos delitos que no son enlistados ni aclarados, y lo mismo pasa en la clasificación de “delitos sexuales (otros)”. Simplemente se encasillan en una categoría ambigua, lo que hace prácticamente imposible saber cuáles ilícitos están considerados ahí, o si algunos de otras clasificaciones se incluyen de manera arbitraria.
Uno de los temas con más claroscuros es el de delitos en transporte público, porque la misma investigación de oficio los toma de manera diferente: como robo con o sin violencia, o robo a transporte público, a transeúnte o en carretera. No hay criterios homologados.
En resumen, los pocos datos públicos, abiertos y actualizados que la ciudadanía en México tenemos para revisar la incidencia delictiva, no son tales. Si bien sí sirven como un indicador y para darnos una idea de cómo se comporta el crimen desde nivel federal hasta municipal, es necesario señalar las fallas de opacidad, siendo la mayoría de ellas originadas desde las propias Fiscalías y Ministerios Públicos al momento de tratar de ocultar los delitos en clasificaciones vagas.
