La manera en que se publica información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no permite ver con claridad el desempeño de las funciones gubernamentales, ni el destino de los recursos públicos, por lo que está lejos de cumplir con su objetivo.
La PNT se creó para, entre diversas funciones, difundir las denominadas obligaciones de transparencia que prevén las leyes en la materia; sin embargo, es común que los usuarios se inclinen por presentar solicitudes de información, antes que buscarla directamente, lo que corrobora el informe 2018 del INAI, donde se aprecia un aumento en las peticiones de acceso a contenidos que deberían ser de inmediata consulta.
Sobre las causas de ese fenómeno caben numerosas hipótesis, por ejemplo, la ausencia de lenguaje ciudadano, aspectos tecnológicos, el tiempo de búsqueda o la complejidad para localizar y analizar datos duros. Suposiciones que deben dilucidarse a través de un ejercicio analítico vasto.
Además, existe un asunto mucho más complejo, si bien, el citado informe advierte que las evaluaciones a la PNT parten de criterios sustantivos y adjetivos, dentro de los que se halla el de confiabilidad, nada asegura que esté publicado todo lo que debería estar, y es que, según la definición de ese criterio, se evalúan los elementos que permiten verificar las áreas que generaron la información, la fecha de última actualización y la fecha en que el sujeto obligado confirma que es la vigente. Por consiguiente, es impensable una revisión bajo parámetros de veracidad.
En ese sentido, un ente podría cumplir con el 100% de sus obligaciones, al publicar en tiempo y forma todo lo que dice tener, pero, ¿cómo sabríamos, por ejemplo, que divulgó todos los contratos, el total de personas servidoras públicas que obran en nómina, que no omitió algún ordenamiento interno o la versión pública de algunos expedientes? Por supuesto que no es tarea fácil, por ello, las leyes contemplan la figura de la denuncia; no obstante, su operación también presenta problemas que resolver, pues la mayoría de las presentadas en 2018 se desecharon, por lo que los ciudadanos no las están considerando como aliadas de sus derechos.
Así, una excelente calificación en el “cumplimiento” de tales obligaciones eleva las condecoraciones políticas, a través de lo que, en el argot burocrático se conoce como “cacarear el huevo”, lo cual no significa que haya una transparencia real y, por ende, un beneficio social.
Por lo tanto, para transitar de lo traslúcido a lo transparente, el SNT y el INAI tienen mucho trabajo pendiente para mejorar la PNT o para idear un medio más idóneo a favor de los derechos humanos, pues en este momento, está perdiendo horizonte la inversión en tiempo, esfuerzo y recursos que están destinando diversos sujetos obligados a nivel nacional.
