En estos días hemos escuchado tanto a los comisionados del INAI como a diversos especialistas en los derechos de acceso de información y protección de datos, platicar, en una especie de rendición de cuentas, de lo que ha hecho ese órgano durante su vida constitucionalmente autónoma y lo que tendrá que hacer para lograr cumplir a cabalidad con el objeto para el cual fue creado.
Sin lugar a dudas todos los comentarios son muy valiosos y acertados y, sin lugar a dudas, como ya lo he referido en columnas anteriores, con una evolución importante y con legislación a la vanguardia en estas dos materias.
Pero sigo pensando que a lo que debe apostar el órgano nacional es a acercarse a la gente, al ciudadano. Esa me parece que es una tarea que ha quedado lejos de ser terminada. La realidad es que muy poca gente conoce al INAI y pocos saben de estos dos derechos (de acceso a la información pública y de protección de datos personales).
Lo primordial, a mi parecer, es que el ciudadano esté en el centro. Desde ahí deben partir todas las políticas públicas, y a mí parecer, el INAI va por buen camino. Muestra de ello son las estrategias nacionales de Gobierno Abierto y los planes de socialización de los derechos que garantiza el Plan de Derecho de Acceso a la Información (DAI), sin embargo aún no es suficiente.
Un estudio publicado el año pasado por el INAI da cuenta del conocimiento que como ciudadanos tenemos del instituto y de los derechos de acceso y protección de datos.
Siete de cada diez personas no identifican ni el logotipo ni las siglas del INAI; es decir, el reconocimiento del instituto es muy bajo; solo de 3 por ciento. Cuando a 210 personas se les preguntó si antes de la entrevista conocían al instituto, solamente 10 por ciento dijo que sí.
El estudio de 2018 muestra un incremento en cuanto al interés de la población por tener acceso a información pública, en relación con años anteriores. En promedio, la mitad de los mexicanos se muestran interesados en tener contacto con dicha información. Sin embargo, esta mitad “interesada” en tener información, no ejerce su derecho: 9 de cada 10 personas dicen no haber realizado algún tipo de solicitud dirigida a una instancia gubernamental con el objetivo de recibir información de carácter público. De 2009 a 2018, el porcentaje de personas que no ha realizado este tipo de petición es del 92.5 por ciento, cifra sumamente alta para un derecho reconocido y garantizado constitucionalmente.
Estas cifras de alguna manera acompañan mi punto al establecer que, lo que le falta al INAI y a los órganos garantes estatales, es el conocimiento general y con ello el sustentar que, el principal reto de estas instituciones, es que realmente se vuelvan instituciones ciudadanas.
Habrán de trabajar mucho en la promoción y difusión de estos derechos. Habrán de trabajar mucho en la promoción y difusión de lo que hacen y como lo hacen. Habrán de trabajar mucho y, a la larga, con más conocimientos, cada vez menos.
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