El derecho a la información pública es aquel que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información en posesión de entidades y autoridades públicas, llámese poder Ejecutivo, Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos, etcétera.
Como en muchas situaciones de la vida real, este derecho es de solo unos cuantos. ¿A qué me refiero?
Según datos el último informe de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 2019, presentado hace unos meses, de las 279,984 solicitudes de acceso a la información presentadas en ese año, 236,412 fueron realizadas a través del sistema electrónico Infomex o la Plataforma Nacional de Transparencia- sistemas que requieren, para su uso, conexión a internet-, lo que representa 84 por ciento del total, dejando el 16 por ciento restante a la presentación por otros medios: manual, telefónica, correo electrónico y postal entre otros.
Ahora bien, este dato de 279,984 solicitudes, lo podemos comparar y analizar contra dos más: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el censo de población más reciente la proyección es que seamos alrededor de 127 millones de mexicanos, lo que comparado contra nuestro dato representaría que menos del 1% de la población realizó una solicitud de información al órgano nacional.
El otro dato es referente a la brecha digital, entendida ésta como la define la OCDE: “la distancia existente entre áreas individuales, residenciales, de negocios y geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos, en relación con sus oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como al uso de la Internet para una amplia gama de actividades”. Según la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (ENDUTIH 2018), desarrollada por el INEGI, revela que más de 40% de la población del país aún no tiene acceso a Internet.
Si bien es cierto que esto no imposibilita a los ciudadanos a tener acceso a través de algún sitio con red pública abierta o algún establecimiento con renta de internet, también lo es que esto ya conlleva una serie de acciones que el ciudadano tiene que realizar para poder entrar en una computadora o dispositivo móvil para navegar por la red.
De los dos datos que confrontamos nos damos cuenta que el derecho de acceso a la información (que por cierto, ya no es tan joven como muchos creen) tiene dos grandes obstáculos: el casi nulo conocimiento por parte de la población, no obstante los reconocidos esfuerzos tanto del órgano nacional como de los estatales en su difusión, y la brecha digital que existe en México y que no se ha podido cerrar empero los esfuerzos de las diferentes administraciones en los ámbitos federal y local.
De este muy somero análisis que realicé en líneas anteriores, podemos inferir que, como pasa con otros derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información no llega a los grupos más vulnerables.
Uno de los objetivos de la transparencia, y que los órganos garantes en todo el país lo tienen como obligación, es que la información pública llegue a todos y sea útil. Para ello, además de esta transparencia activa que es la que se da por una obligación legal; de la transparencia reactiva, que se da en respuesta a una solicitud de información; está la transparencia proactiva.
Entendamos a la transparencia proactiva como aquella información útil que se tiene que acercar a las personas. Útil para mí, para mi familia, para mi comunidad, para mi pueblo, municipio y estado. Información útil para mi género, sexo, o edad.
Información pública que me sirva para poder contribuir en la resolución de necesidades colectivas. Información para potencializar el liderazgo de las mujeres y su participación en asuntos públicos para transformar la desigualdad. Información que contribuya como herramienta en la solución de problemas sociales.
En la situación actual se debe tratar de información para saber a dónde puedo asistir en caso de que me contagie de COVID-19, cuáles son las acciones que han desarrollado las autoridades sanitarias, conocer la estadística de pruebas realizadas, saber cuáles son los instrumentos de coordinación nacional e internacional para atender la pandemia, etcétera.
