El próximo sábado 28 de septiembre se celebra de nueva cuenta el Día Internacional del Derecho a Saber. La celebración de esta fecha conmemora el esfuerzo de aproximadamente 200 asociaciones que, en el año 2002, fundaron una red de activistas por la libertad de información.
El Día del Derecho a Saber, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, y celebrado en muchos países, sirve para reconocer el trabajo de ciudadanos en pro del acceso a la información pública.
El camino no ha sido sencillo. Si bien es cierto que en nuestro país durante 2014 se dio una de las reformas más importantes en materia de transparencia, también lo es que falta mucho por hacer para declararnos como un estado transparente.
En los hechos, seguimos padeciendo la existencia de servidores públicos que todavía creen que la información es suya y cuesta mucho trabajo que la den a conocer. Hoy, a 17 años de vislumbrar el nacimiento del derecho de acceso a la información seguimos luchando por cambiar la consciencia de quienes no quieren entregar o atender de manera expedita los requerimientos de quienes realmente gobiernan: los ciudadanos.
Hoy tenemos que ser claros: la información pública no se puede ocultar cuando ésta debe ser entregada salvo por las mismas excepciones que marcan las leyes. Habrá temas, por ejemplo, que pongan en riesgo la seguridad pública, la vida, o la seguridad y salud de una persona, y será en esos casos cuando quien administra la información podrá escudarse tras la famosa prueba de daño.
También debemos ser precisos, si la entrega de esa información pudiera alterar el procedimiento dentro de un juicio, ésta podrá ser clasificada. Del mismo modo, como adelanté en mi columna anterior, cuando hablamos de datos personales debemos hablar de responsabilidad y confidencialidad, por lo cual se deberá ser estricto en lo que a los accesos respecta. Pero salvo estos supuestos que he señalado no se nos puede ocultar o restringir el acceso a documentos por el libre albedrío de quien genera, guarda o administra esa información.
Como solicitantes y beneficiarios del derecho de acceso a la información, estamos en libertad de pedir, conocer y saber.
Con la celebración de este día, destaco dos puntos relevantes de la reforma en materia de transparencia que referí líneas atrás. El primero, en su contexto general, es que se reconoce la importancia del acceso a la información como un derecho fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática; el segundo, la ampliación del catálogo de sujetos obligados a transparentar su información.
Ahora los ciudadanos pueden conocer la información que poseen los partidos políticos y sindicatos, así como los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, además de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, también pasaron a ser sujetos obligados las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o que realicen actos de autoridad.
Por supuesto aún nos falta mucho camino por andar, pero el esfuerzo de quienes podemos garantizar el derecho de acceso a la información ahí está. Por ello, celebremos el Día Internacional del Derecho a Saber ejerciendo este derecho. A ti, funcionario, te invito a celebrar esta fecha en un marco de certeza y transparencia.
Si tienes algún comentario te invito a seguir dialogando a través de mi Twitter: @IsaacGPedro
¡Feliz Día del Derecho a Saber!
