Este reportaje es parte de la serie “Feminicidios impunes en México”. También puedes leer sobre los casos de Lesvy Berlín y Paulina Camargo.

En el feminicidio de María Fernanda Contreras, su familia dio la información sobre la última geolocalización del celular de la joven desde el principio. Pero las autoridades desestimaron esa pista. El 3 de abril de 2022, la joven de 27 años había regresado de un viaje familiar y se dirigió a Apodaca para cobrarle a Raúl Alfredo de León Montalvo el dinero que le debía. Nunca regresó a su casa.

De León Montalvo fue detenido a pocas horas de que la familia Contreras denunció su desaparición. Pero después de tres horas de entrevista, las autoridades lo dejaron libre a pesar de haber sido la última persona en verla con vida y de que tenía rasguños y mordeduras en el rostro.

Después de esto, la familia de María Fernanda consiguió la última geolocalización registrada por el celular de María Fernanda y se las dio a las autoridades. La ubicación era en la colonia Ex Hacienda de Santa Rosa en Apodaca. El padre de María Fernanda, acompañado de un tío suyo, permanecieron en esa zona durante tres o cuatro horas, esperando a que llegaran las autoridades.

Poco después, los amigos de María Fernanda localizaron el automóvil en el que ella iba ese día, un Mazda 3, estacionado en el Parque Libertad, en el sector Topo Chico. Después de estos indicios recolectados por amigos y familiares de María Fernanda, “los mismos de la fiscalía le marcaban a mi papá y le preguntaban si él tenía avances”, dice Fabiola.

Cuatro días después de su desaparición, el 7 de abril, la familia de María Fernanda se enteró por medios de comunicación que las autoridades, por medio de un cateo, habían encontrado el cuerpo de María Fernanda. A su familia no le habían notificado nada al respecto y cuando preguntaron a la Fiscalía, les negaron dicha información.

Ese mismo 7 de abril en la noche, la Fiscalía confirmó la noticia y le solicitó a la familia que acudiera a reconocer el cuerpo. La familia identificó que era María Fernanda, quién había sido encontrada sin vida en una propiedad de un tío de Raúl Alfredo ubicada en la zona que la familia Contreras había proporcionado tres días antes, en la colonia Ex Hacienda de Santa Rosa en Apodaca.  

Fabiola dice que la investigación del feminicidio de María Fernanda Contreras estuvo plagada de ineficiencias. Después de 544 días de impunidad, el 29 de septiembre de 2023, Raúl Alfredo recibió una sentencia de 56 años de prisión por el delito.

A pesar de que consideran insuficiente la condena, la familia de María Fernanda no planea continuar con el proceso porque tienen, como explica Fabiola, “un desgaste mental muy fuerte”.

Hoy Raúl está en prisión por el feminicidio de María Fernanda, pero en Nuevo León esta no es la norma. De cada 100 feminicidios, 82 quedaron en la impunidad entre 2016 y 2021, de acuerdo con la organización Impunidad Cero.

“Se les pone atención a los casos más visibles”

Fabiola recuerda que en la investigación del feminicidio de María Fernanda, las autoridades solo tomaban medidas significativas cuando las manifestaciones organizadas por la familia en redes sociales generaban suficiente ruido y presión. Esto llevó a la familia Contreras a gastar, aproximadamente, cinco mil pesos en manifestaciones que llamaran la atención de los medios y generaran la suficiente presión en las autoridades porque hicieran su trabajo.

El 7 de abril de 2022, a Fabiola le llegaron mensajes de condolencias por redes sociales, pero ella no tenía idea de qué estaba pasando. Se enteró de que estaba circulando la noticia de que un cuerpo había sido encontrado en Apodaca.

Una de las muchas irregularidades que resaltan en el manejo de los casos de feminicidio es la falta de transparencia en el manejo de la información. La negligencia de las fiscalías y otras autoridades al no informar o comunicarse con los familiares de las víctimas acerca de los avances en las investigaciones contribuye a la impunidad en estos casos.

“La mayoría de nosotros sospechaba que probablemente algo más ya le había pasado”, dice Fabiola sobre cómo la noticia la dejó más confundida que sorprendida, ya que en ese momento la familia sospechaba que algo más grave había ocurrido.

Y así, como esa situación, se sucedieron muchas más. Las noticias sobre el caso se filtraban con regularidad, revelando detalles sobre cateos y progresos en la investigación. Sin embargo, esta información rara vez llegaba a la familia, quienes se enteraban por otros medios de comunicación. Incluso las noticias salían antes de que las autoridades realizaran los cateos, lo que despertaba la preocupación de cualquiera que leyera las noticias.

“No sé mucho, pero tengo entendido que fue a golpes”, Fabiola indica no estar siquiera segura de los detalles exactos del feminicidio, ya que las autoridades le dieron la información a todos menos a la familia.

La primera audiencia fue casi un año después del feminicidio

Pasaron 355 días para que fuera realizada la primera audiencia contra Raúl por los delitos de desaparición forzada y feminicidio.

¿Por qué tardó tanto en ser realizada? Meses antes, Itzel Cruz, reportera de Televisa, se acercó a la familia de María Fernanda en una de las manifestaciones para contarles que había descubierto que la defensa de Raúl había interpuesto un amparo. Este documento, según explicó Itzel, estaba relacionado con unos videos que mostraban a Raúl junto a otros dos individuos bajando del coche de María justo donde fue encontrado unos días después. Ni la familia ni su abogado tenían conocimiento de esta información.

Tal amparo podría prolongarse hasta seis meses, lo que reiniciaría el proceso desde cero. Esta situación no solo destaca la retención de información por parte de las autoridades, sino también la disposición del poder judicial para otorgar amparos a los acusados, incluso cuando existían pruebas claras de su participación en el caso. Es decir, la justicia decidió amparar al feminicida.

A medida que pasaban los meses, las audiencias eran pospuestas por diversas razones. La defensa de Raúl utilizaba amparos y argumentaba la insuficiencia de pruebas para retrasar el proceso tanto como fuera posible. A pesar de los numerosos indicios que apuntaban hacia la culpabilidad de Raúl, el poder judicial parecía no poner trabas a sus estrategias dilatorias. Entre los indicios mencionados se encontraban los rasguños y mordeduras visibles en el interrogatorio inicial, las denuncias previas por violencia y acoso, y la evidencia en video que mostraba a Raúl bajando del automóvil de María Fernanda en Parque Libertad.

Raúl había sido el último en ver a María Fernanda con vida, y además, él le debía dinero. Estos elementos, sumados al hallazgo del cuerpo de María Fernanda en una propiedad relacionada con Raúl, eran pruebas contundentes de su culpabilidad. Sin embargo, a pesar de las evidencias en su contra, Raúl continuaba aprovechando las lagunas del sistema judicial para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones.

De acuerdo con Helga Jauregui, analista de datos de Impunidad Cero, es muy común que las fallas en el sistema de justicia permitan que las defensas de los victimarios encuentren cualquier excusa para retrasar el proceso. El caso de María Fernanda tuvo una gran exposición mediática pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres asesinadas cuyas historias no llegan a los medios o las redes socialese?