Casi la mitad de los feminicidios en México están impunes. Cada eslabón de la cadena de justicia está marcado por fallas que socavan la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

Casi cinco de cada 10 feminicidios están impunes en México. Además de tener que vivir su duelo, las familias de las víctimas se enfrentan a irregularidades que entorpecen y dilatan la procuración de justicia: desde la tipificación incorrecta de los delitos hasta filtraciones de datos personales y material sensible sobre las víctimas.

En casos como el de Paulina Camargo, en Puebla, las autoridades se niegan a tipificar los feminicidios porque no hay antecedentes de violencia de pareja en una relación entre jóvenes menores de 20 años. El delito fue catalogado como homicidio simple y aborto, y el cuerpo de Paulina no ha sido encontrado desde 2015.

En otros, como el de Lesvy Berlín en la Ciudad de México, las fiscalías deciden que el testimonio de la persona que la vio con vida por última vez es más creíble que las pruebas. Jorge, el novio de Lesvy, la mató y después declaró que la joven se había suicidado. 

Ni siquiera importa si las familias hacen parte de la investigación, como en el caso de María Fernanda Contreras, asesinada en Nuevo León en 2022. Aunque las autoridades recibieron de sus familiares la última geolocalización del celular de María Fernanda, no revisaron esa ubicación hasta cuatro días después de su desaparición.

Las autoridades que deben procurar justicia les fallaron a Paulina, a Lesvy y a María Fernanda. Los logros en estos casos son de las familias de estas mujeres: de la mamá de Paulina, quien “vive” en juzgados y fiscalías desde 2015; de la mamá de Lesvy, quien nunca creyó en la versión del suicidio de su hija; de la hermana de María Fernanda, quien no descansó hasta obtener una sentencia contra el feminicida.

Estos tres feminicidios han sido ampliamente cubiertos por los medios de comunicación y viralizados en redes sociales. Pero, ¿qué pasa con los otros feminicidios impunes en México, aquellos que no tienen esa exposición? 

En 2021, 45% de los feminicidios en México quedaron impunes

De acuerdo con el “Reporte sobre Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022” de la organización Impunidad Cero, en 2021 la impunidad directa en el delito de feminicidio a nivel nacional fue de 45.8 por ciento. Ese año, solo 454 de los 981 feminicidios reportados en México recibieron sentencias condenatorias. Oaxaca y Tlaxcala registraron una impunidad del 100 por ciento. 

Los feminicidios impunes en México no son fenómenos aislados, sino el resultado de una serie de deficiencias sistémicas que han permeado las instituciones encargadas de administrar justicia en México. La tipificación errónea de los delitos, la falta de perspectiva de género en las investigaciones, la revictimización y la negligencia en la preservación de la cadena de custodia de evidencias son solo algunas de las causas que contribuyen a esta situación .

Jáuregui dice que el feminicidio es un tipo de delito muy complejo, ya que atenta contra un conjunto de bienes: la vida, la dignidad y el derecho a una vida sin violencia. La distinción entre homicidio doloso y feminicidio se torna esencial para comprender la complejidad y el contexto que rodea a estos crímenes. Según el Código Penal Federal (CPF), el feminicidio se define como el asesinato de mujeres por razones de género, considerado como una de las formas más extremas de violencia contra ellas. En cambio, el homicidio doloso abarca cualquier asesinato premeditado, sin discriminación de género.

Para clasificar un homicidio como feminicidio, se consideran diversas circunstancias que reflejan la violencia de género. Entre estas condiciones se incluyen las siguientes:

1. Presencia de signos de violencia sexual.
2. Lesiones degradantes.
3. Antecedentes de violencia familiar.
4. Amenazas previas del agresor hacia la víctima.
5. La existencia de una relación sentimental o de confianza entre el victimario y la víctima, así como si la mujer fue incomunicada antes del crimen o si su cuerpo fue exhibido públicamente.

La diferencia fundamental entre ambos radica en el alcance de la protección que ofrecen. Mientras el homicidio doloso se enfoca únicamente en la pérdida de vida, el feminicidio abarca más allá, protegiendo también la dignidad y el derecho a vivir sin violencia de las mujeres.

En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género. Sin embargo, a pesar de la claridad legal, la aplicación efectiva de estas distinciones se ve obstaculizada por diversas razones. Un análisis del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) revela que, durante el 2021, apenas el 27% de los homicidios de mujeres fueron investigados como feminicidios.

Para Jauregui, la perspectiva de género debe de entenderse e incorporarse al sistema de procuración e impartición de justicia. Argumenta que existe una realidad diferenciada entre hombres y mujeres porque si bien todos enfrentamos violencia, también enfrentamos diferentes modalidades de violencia.

La perspectiva de género es la manera en la que se analiza y cuestiona la discriminación y exclusión de las mujeres. Se trata de reconocer esas desigualdades y tomar medidas para cambiarlas. Consiste, también, en comprender que las diferencias entre hombres y mujeres no son solo biológicas, sino que también radican en cómo nos enseñan a ser según la cultura social.

Cuando los feminicidios no son investigados con perspectiva de género, estos son tipificados como homicidios dolosos. Entre las consecuencias de esta omisión está que las penas por homicidio son menores a las que corresponden a los feminicidios. En el caso de Paulina Camargo, por ejemplo, su exnovio José María Sosa Álvarez fue condenado a 16 años y medio de prisión, cuando la pena mínima por feminicidio en Puebla es de 40 años.

Feminicidios impunes en México: el papel de la revictimización y bajas capacidades institucionales

En el arduo camino hacia la justicia para las víctimas de feminicidio en México, dos grandes obstáculos se erigen: la revictimización y las bajas capacidades institucionales. Estos problemas, presentes en numerosos casos, evidencian las deficiencias del sistema judicial mexicano y su lucha por proteger y garantizar los derechos de las mujeres.

De acuerdo con Jauregui, la revictimización se divide en dos tipos:

• La revictimización del Estado: Cuando el gobierno promueve los estereotipos de género
• La revictimización social: Cuando la sociedad sigue y copia los estereotipos de género a través de sus estructuras culturales y prácticas

Rocío, madre de Paulina Camargo, denuncia cómo la difamación de su hija en los medios y la falta de reconocimiento de su tragedia como un feminicidio han impedido que este caso sea juzgado como feminicidio desde hace ocho años.

Por otro lado, las bajas capacidades institucionales, evidenciadas en la negligencia y la ineficiencia de las autoridades, representan un obstáculo significativo en la búsqueda de justicia. En el caso de María Fernanda Contreras, la tardía respuesta de las autoridades ante su desaparición demuestra la falta de coordinación y la ausencia de protocolos adecuados para la investigación de feminicidios. Además, las irregularidades en el manejo de las carpetas de investigación y la cadena de custodia ponen en riesgo la integridad de las pruebas y socavan la credibilidad del proceso judicial.

Frente a estas adversidades, las familias de las víctimas luchan incansablemente por obtener respuestas y justicia. Sin embargo, se enfrentan a un sistema que, lejos de proteger sus derechos, los vulnera y los desatiende. Las voces de Rocío y Fabiola, entre otras, resuenan como testimonios de la lucha contra la impunidad y la injusticia que aquejan a las víctimas de feminicidio en México.