Impunidad Cero y GIRE presentaron el estudio “Justicia olvidada: violencia e impunidad en la salud reproductiva”. El estudio muestra la relación entre la impunidad y la falta de acceso a la justicia para personas sobrevivientes de violencia obstétrica y víctimas de muerte materna en México.

La impunidad en violencia obstétrica prevalece en México. Ninguna de las siete entidades en donde está tipificada ha emitido sentencias al respecto durante los últimos cinco años. Esto revela el informe “Justicia olvidada. Violencia e impunidad en la salud reproductiva” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e Impunidad Cero. 

Este informe tiene como objetivo establecer las vías necesarias que permitan mitigar la impunidad estructural “que constituye un obstáculo para alcanzar la justicia reproductiva en los casos de violencia obstétrica y muerte materna”. 

Anita era originaria del municipio de Huehuetla en Puebla. En agosto de 2018, Anita tenía 16 años y 37 semanas de embarazo. Cuando empezó a presentar contracciones, acudió con su mamá al hospital comunitario, en donde se negaron a atenderla durante horas. Finalmente fue admitida en la sala de partos a las cuatro de la mañana, y su familia fue actualizada sobre su estado de salud cuatro horas después, cuando la doctora les dijo que “ella no había puesto de su parte” y había muerto. Además, les comunicó que se dio cuenta de que Anita “no quería al bebé” y por lo tanto lo dejó dentro de Anita. 

Cuatro años después, este caso sigue impune, y es una de las víctimas de violencia obstétrica a cuyas familias acompaña GIRE. 

¿Y los datos?

Durante la presentación virtual del informe, Irene Tello, directora de Impunidad Cero, comentó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 8.7 millones de mujeres tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 en México. De estas, tres de cada 10 refirieron haber sufrido maltrato por parte de quienes las atendieron, entre los que se encuentra la aplicación de un método anticonceptivo o la esterilización involuntaria, ofensas y retrasos en la atención.

Tello hizo un llamado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi), para que publique la encuesta ENDIREH correspondiente al año 2021: “esta encuesta se aplica cada cinco años, es la herramienta esencial que tenemos aquellas personas que nos dedicamos a temas de violencia de género”, dijo.

Impunidad Cero y GIRE realizaron 510 solicitudes de información sobre las quejas o casos registrados de violencia obstétrica y muerte materna desde enero de 2015 hasta diciembre de 2020. Estas solicitudes fueron enviadas a las siguientes entidades:

• Órganos Internos de Control de las Secretarías de Salud locales y federales.
• Comisión de Arbitraje Médico (CONAMED) y las comisiones de arbitraje médico locales.
• Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones locales de atención a víctimas o secretarías de gobierno estatales. 
• Fiscalías generales de justicia y poderes judiciales locales. 

De acuerdo con las respuestas que recibieron a estas solicitudes de información, no todas  las instituciones encargadas de recibir y tramitar las quejas por violencia obstétrica y muerte materna tienen registro sobre su incidencia y tampoco existe un registro de las características de las personas afectadas. “Es muy importante que los datos puedan estar desagregados, conocer los rangos de edad, si las víctimas contaban con alguna discapacidad e incluso si pertenece a una comunidad indigena”, agregó Tello. 

El estudio señala que la CNDH reportó 710 quejas y 47 recomendaciones por casos de violencia obstétrica. De estas recomendaciones, solo el 21.3 por ciento se cumplieron totalmente. En promedio, la CNDH tardó 665 días desde la presentación de una queja por violencia obstétrica hasta la emisión de una recomendación. A partir de las solicitudes de información y a través del análisis de datos que realizaron las organizaciones, se hizo notable que el proceso que implica desde la presentación de una queja hasta la emisión de una recomendación suele ser muy largo. Por ejemplo, en los casos de violencia obstétrica el tiempo (promedio) desde el registro de la queja en las comisiones locales hasta la emisión de una recomendación es de 606 días, mientras que en casos de muerte materna fue de 728 días.

Además, de las quejas administrativas por violencia obstétrica dirigidas a las secretarías de salud locales, seis instituciones respondieron “no tener un registro”, tres “ninguna” y trece respondieron haber recibido al menos una queja. 

Por otra parte, Verónica Esparza coordinadora de Investigación de GIRE, comentó que entre enero de 2010 y el mismo mes de 2022, GIRE registró 50 casos de violencia obstétrica y muerte materna, además documentó 23 y dio acompañamiento a 87 más. Asimismo, Esparza mencionó que la violencia obstétrica y las muertes maternas en México están relacionadas con “las deficiencias estructurales que aquejan al Sistema de Salud y que constituyen un obstáculo para la atención médica de las mujeres y personas con capacidad de gestar”. De igual manera, recomendó a las instituciones de salud que implemente estrategias de prevención y garantice su implementación, tomando en cuenta incorporar la perspectiva de género.

Finalmente, ambas organizaciones invitaron a la ciudadanía a leer este informe para que puedan conocer de manera más amplia el trabajo que realizaron y visitar el micrositio Justicia Olvidada  para conocer cómo fue desarrollada esta investigación y los resultados de la misma.