La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que tipifica la difusión de imágenes y videos de una víctima para evitar su exposición pública. Esto sucedió en 2020 con el caso de Ingrid Escamilla.

¿Qué es la Ley Ingrid? El pasado 23 de marzo la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que tipifica la difusión de contenido relacionado con una investigación penal. Su intención es impedir la exposición pública tras un uso inadecuado de imágenes y videos de las víctimas. De aprobarse, los culpables enfrentarán penas de seis a 10 años de prisión.

Anteriormente esta conducta sólo estaba tipificada en tres estados: Colima, Ciudad de México y Oaxaca. Pero con su aprobación en el Senado de la República se lograría que la filtración de imágenes y videos de víctimas sea considerado un delito a nivel nacional. 

¿Qué es la Ley Ingrid?

La “Ley Ingrid” es un proyecto de decreto que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal al tipificar la difusión de imágenes, videos, audios, documentos e información relacionada con una investigación penal. La sentencia es de cuatro a 10 años de prisión para quien resulte culpable de fotografiar, copiar, filmar, audiograbar, reproducir, compartir, distribuir, publicar, exponer, intercambiar y/o comercializar material en cualquier formato sobre las condiciones de una víctima y las circunstancias de un delito.

La Ley Ingrid impone también una multa de 100 a 150 unidades de medida y actualización (esto es, de nueve mil a 14 mil pesos) dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Dichas sanciones aumentarán hasta en una tercera parte si la información difundida es relativa a mujeres, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

Su aprobación en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad esta ley el pasado 23 de marzo. Durante la sesión, la diputada Laura Imelda Pérez de Morena rememoró el feminicidio de Ingrid Escamilla, a quien esta ley debe su nombre. Un caso donde servidores públicos filtraron a la prensa fotografías de la escena del crimen. “No olvidemos que esas imágenes quedan de por vida en las redes sociales. No debemos permitir que existan otras historias como la de Ingrid”, declaró la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana María Balderas.

Con 470 votos a favor, la iniciativa se turnó al Senado de la República para su discusión. En caso de ser aprobada, la ley se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor al día siguiente en todo el país. Con ella se penalizará la revictimización y la violencia institucional que se produce a través de filtraciones de información no autorizada hechas por servidores públicos. También se protegerá de la exposición a personas indirectas al delito como los familiares de la víctima.

Antes de su aprobación en la Cámara de Diputados, sólo tres entidades habían tipificado este delito. Colima en junio de 2020; la Ciudad de México y Oaxaca durante febrero y marzo del año pasado. Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo son otros estados que también presentaron iniciativas para sancionar esta conducta desde 2020. Sin embargo, éstas no habían sido aprobadas todavía.

¿Quién era Ingrid Escamilla?

Ingrid Escamilla tenía 25 años cuando fue brutalmente asesinada por su pareja la madrugada del 8 de febrero de 2020 en un departamento de la Ciudad de México. Al día siguiente la prensa compartió por todos los medios fotografías de su cuerpo desnudo y lacerado, lo que indignó a la opinión pública. El tabloide Pásala publicó en su portada la imagen explícita del cadáver de la víctima con el título “La culpa la tuvo Cupido”. Esto debido a que el crimen ocurrió pocos días antes de San Valentín.

Tres días después, Nelly Montealegre Díaz (Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México) se pronunció al respecto. En conferencia informó que la institución ya indagaba en la filtración de las fotografías del cuerpo de Ingrid. “Estamos investigando los delitos cometidos por personas servidoras públicas que acudieron al lugar de los hechos. Esto porque utilizaron indebidamente las imágenes a las que tuvieron acceso por razón de su trabajo”, declaró Montealegre. 

El 14 de febrero de 2020, Ernestina Godoy (Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México) presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para reformar el Código Penal local y castigar la filtración de imágenes de feminicidios. La iniciativa se aprobó el 26 de febrero del año pasado y contempla penas de 2 a 6 años de prisión para quien resulte culpable. Este hecho convirtió a la Ciudad de México en la segunda entidad en tipificar el delito.