Serendipia dirigió 257 solicitudes de información a 136 dependencias y organismos de estos nueve estados, así como a los 121 municipios en donde está activa la AVGM para tener acceso a las bases de datos de los gastos destinados a atender esta medida y a las facturas que comprueban estas erogaciones. 71 por ciento de las solicitudes fueron respondidas en tiempo y forma por los sujetos obligados. 

Pero solo 27 por ciento de las dependencias estatales y los municipios reportaron gastos. El resto dijo no ser competente para atender la solicitud, no haber erogado recursos para ese fin o no haber encontrado la información.

“Es muy importante que el tema de gasto público sea transparentado, que se haga un ejercicio de rendición de cuentas: reportar a la ciudadanía cuál es la situación de violencia hacia las mujeres y cómo estamos avanzando. En especifico, decir cómo estamos usando este gasto, qué efecto ha tenido y que debemos ajustar”, dice dice Maïssa Hubert Chakour, subdirectora de la organización Equis, Justicia para las Mujeres.

Los estados pioneros en AVGM no son los que más han gastado

Los gastos reportados por estas nueve entidades suman 479 millones 625 mil 891 pesos, de acuerdo con los documentos que entregaron a este medio digital. 

En algunos estados la Alerta de Género está activa desde 2015 (Estado de México y Morelos) y en otros la medida entró en marcha en 2019 (Puebla). No obstante, las entidades que han debido atender esta medida durante más tiempo no son las que más han gastado en ella. 

“Lo importante es que el gasto esté muy bien enfocado: no es tanto gastar más, sino gastar mejor”, dice Hubert Chakour.

San Luis Potosí, en donde la medida fue activada en 2017, está en el primer lugar del gasto con 238 millones de pesos (49 por ciento del total). Mientras tanto el Estado de México, la primer entidad en donde fue activada esta medida, comprobó haber gastado 36.7 millones de pesos desde 2015 (siete por ciento del total). 

Puebla, a casi dos años de haber puesto en marcha la Alerta de Género, comprobó gastos por 9.3 millones de pesos; por otro lado Morelos, en donde la AVGM también está activa desde 2015, demostró haber gastado 2.3 millones de pesos. 

¿La impunidad se combate con dinero?

De los primeros ocho estados con altos índices de feminicidios durante 2020 según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Segob), solo tres reportan acciones para investigar y llevar a la justicia estos delitos: Colima, Nayarit y Veracruz. 

Las otras cinco entidades son Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Oaxaca (no reportaron gastos) y Sonora (en donde no ha sido declarado la AVGM).

Los gastos reportados por estas entidades suman 5.6 millones de pesos y fueron destinados a bienes y servicios como un equipo de revisión de expedientes en archivo o reserva de los delitos de feminicidio y homicidio dolosos de mujeres, capacitación sobre Feminicidio dirigido al personal de procuración de justicia y material para erradicar filtraciones en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. 

“La Alerta de Género dice (a los gobiernos) cuáles son los cambios normativos e institucionales que tiene que hacer, pero no dice realmente cómo hacerlos”, dice Bianca Bolaños, analista y vocera en temas de violencia de género en la organización Impunidad Cero.

Esto hace que exista una brecha entre las acciones de los gobiernos y las necesidades de las víctimas. Por ejemplo, el mayor gasto del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, fue de 1.4 millones de pesos en 2019 para la “mitigación de la Alerta de Género”, sin especificar las medidas y acciones que puso en marcha para lograr ese objetivo.

Este es el ayuntamiento en donde vivía Dianey, cuya madre ha sido ignorada por las autoridades locales y hoy, tres años después de la desaparición, dice que lo único que quiere es encontrar a su hija: “no sé ni dónde llorarle, no sé si está viva”, dice Lulú.

En Morelos fueron asesinadas 5.84 mujeres por cada 100 mil mujeres por razones de género durante 2020, lo que convierte a esta entidad en el estado con la tasa más alta de feminicidios. Sin embargo, solamente el Sistema DIF estatal y el Tribunal Superior de Justicia reportaron gastos para prevenir, atender y castigar la violencia de género contra las mujeres.

No todos los feminicidios en México son investigados, dice Bolaños. “A pesar de que nosotros (Impunidad Cero) hemos registrado 51 por ciento de impunidad para feminicidios, la realidad es que las muertes violentas de mujeres no se están clasificando como feminicidio, existe un subregistro”, comenta Bolaños.

Para disminuir la impunidad de estos delitos, Bianca Bolaños dice que las entidades deben fortalecer sus capacidades de investigación con equipos multidisciplinarios especializados en delitos contra las mujeres y feminicidios.

Los estados con Alerta de Violencia de Género contras las Mujeres deben “adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio”.

No obstante, solo Colima, Nayarit y Veracruz han invertido en dichas medidas.

Colima tiene una Alerta de Violencia de Género activa en Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez desde el 20 de junio de 2017. La Fiscalía General del Estado de Colima reporta que dos años después, en 2019, gastó un millón y medio de pesos en la revisión de expedientes en archivo o reserva de los delitos de feminicidio y homicidio dolosos de mujeres con el propósito de

sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

El resto del gasto de esta entidad destinado a medidas de justicia y reparación fue para pagar los cursos “reparación integral del daño cumplimiento con los estándares internacionales” y “herramientas para juzgar con perspectiva de género ” más el taller “análisis y resolución de casos en que se involucren derechos humanos de personas con discapacidad”.

El 4 de agosto de 2017 la Conavim activó la Alerta de Género en siete municipios de Nayarit: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, estableció acciones específicas para los municipios con predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori.

Más tarde, en 2018, el Instituto para la Mujer Nayarita invirtió 135 mil 720 pesos en capacitación sobre feminicidio dirigido al personal de procuración de justicia y 258 mil pesos para otra capacitación, esta vez en legislar con perspectiva de género dirigido a diputadas y diputados locales. 

En 2019, este Instituto pagó 107 mil pesos en el monitoreo ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a las víctimas por parte de las y los servidores públicos estatales.

11 municipios veracruzanos tienen dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, una por violencia feminicida declarada el 23 de noviembre de 2016 y otra por desigualdades de género producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas declarada el 13 de diciembre de 2017.

Durante su primer año con Alerta de Género, la Fiscalía General del Estado de Veracruz construyó el Centro de Justicia para la Mujer en Xalapa con 20.2 millones de pesos de inversión.

Además, Veracruz reportó que hasta 2019 gastó en la implementación de una estrategia de consolidación de los resolutivos en materia de justicia y reparación de sus dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Fueron 4 millones de pesos destinados a dicho proyecto.