“Cancelar fideicomisos y cualquier otro mecanismo para ocultar fondos“
Corrupción
Promesa 37 de 100
“Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
Andrés Manuel López Obrador, 1 de diciembre de 2018
El 21 de octubre de 2020, el Senado de la República aprobó la supresión de 109 fideicomisos públicos tras casi catorce horas de discusión con 64 votos a favor y 39 en contra.
Antecedentes
El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha tomado como estandarte de su combate a la corrupción la extinción de fideicomisos. Por ello el 2 de abril de 2020, el presidente instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal iniciar “los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes”.
De acuerdo con información de la organización México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, los fideicomisos públicos son fondos extrapresupuestarios o cuentas externas a la Tesorería de la Federación (Tesofe) que se integran con recursos del erario. Contar con estos instrumentos le permite al Gobierno garantizar financiamiento para algunos proyectos a largo plazo, para que puedan concretarse y cumplir con su objetivo.
La promesa de López Obrador nace de que en el pasado los fideicomisos no han tenido las medidas de transparencia y las prácticas de gobernanza adecuadas para que sean utilizados para los fines que fueron creados, de acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.
Por esto, cancelarlos implica evitar que se cumplan algunos fines como el desarrollo de infraestructura o atención a víctimas. Campos sugiere que el gobierno añada las mejores prácticas de transparencia y gobernanza, que vigile que se cumplan y aquel que no lo cumpla de acuerdo con la normativa sea sancionado de manera administrativa y penal.
La Ley Federal de Austeridad Republicana, vigente desde el 20 de noviembre de 2020, sí atiende la transparencia de la que habla Mariana Campos. El artículo 18 exige que todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos en la Administración Pública Federal Centralizada deben publicar trimestralmente sus estados financieros. Sin embargo, únicamente se transparentan los ingresos, egresos y saldos sin desglose.
No obstante la decisión de extinguir los fideicomisos, durante 2022 se han creado tres nuevos que, al cierre de junio, acumulaban un total de 25 mil 870 millones de pesos. Los fideicomisos de Administración y Pago de Marina y Sedena fueron establecidos el 3 marzo y 21 de abril del presente año; mientras que el SAT cuenta desde finales de 2021 con el nuevo Fideicomiso de Administración y Pago 80775, con saldo de 9 mil 821 millones de pesos.
Esto resulta una contradicción porque en el discurso algunos fideicomisos han sido “satanizados” mientras en la práctica son creador otros, de acuerdo con Jorge Cano, investigador de Gasto Público en México Evalúa.
“Lo que nosotros interpretamos es que el gobierno federal está tratando de concentrar todos los recursos para sus proyectos prioritarios mientras está dispuesto a hacer recortes a rubros que no le interesa: concretamente los recursos utilizados para garantizar la ciencia y la tecnología y prevenir los desastres naturales”, dice Cano.
No obstante, para Cano, la extinción de fideicomisos no significa un avance o un retroceso en sí mismo, pues los instrumentos no son buenos o malos, ya que pueden ser utilizados para simular el gasto y rendir menos cuentas, así como para asegurar el financiamiento de ciertos programas presupuestarios a través del tiempo y de forma constante.
De acuerdo con Cano, se podría decir que sí se ha cumplido con la supresión de los 109 fideicomisos públicos que el Senado de la República aprobó en 2020, pues al cierre de ese mismo año estos instrumentos tenían alrededor de 71 mil millones de pesos (a precios de 2022) y actualmente quedan menos de 275 millones de pesos (el 0.39 por ciento). Es decir, más del 99 por ciento de los recursos que existían en esos instrumentos en 2020 ya fueron apropiados por el gobierno federal para usarse según sus decisiones.
Quedan entonces 37 fideicomisos que no han concretado su extinción, pero, de acuerdo con el investigador de gasto público en México Evalúa, son estructuras prácticamente vacías, que no se han extinguido debido a cuestiones burocráticas como adeudos.
No obstante este panorama, quedan aún 214 fideicomisos que no están decretados a extinguirse, con saldo de 468 mil millones de pesos. Por lo que esta promesa continúa en proceso.
Estatus: Cumplida
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