La nueva reforma para Veterinarias Públicas en México entra en vigor para proveer de cuidado y tratamientos a animales.

El 25 de enero entró en vigor la reforma para veterinarias públicas en México en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En la reforma se establece que las autoridades federales deberán proveer el establecimiento de clínicas veterinarias públicas.

De acuerdo con un el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma del párrafo sexto del artículo 87 Bis 2 fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2022. 

Veterinarias públicas en apoyo a los animales de compañía

La nueva reforma busca que, en coordinación con los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se establezcan clínicas veterinarias públicas. Estos establecimientos tendrán el objetivo de “suministrar a los animales atención médica preventiva”. De igual forma se les brindarán tratamientos en casos de enfermedad, esterilizaciones, medicamentos y atención médica. 

Asimismo, se menciona que es de suma importancia promover el bienestar de los animales de compañía. Se considera esto como una nueva forma para promover la “tenencia responsable, el cuidado y la protección animal”.

En México hay 80 millones de mascotas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De estas, 43.8 millones son perros, 16.2 millones son gastos y 20 millones son otras mascotas pequeñas.

¿Cuándo habrá veterinarias públicas?

A pesar de que el decreto ha entrado en vigor desde el pasado 25 de enero, aún no hay información sobre establecimientos existentes. Sin embargo, de acuerdo con el decreto publicado, existe un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor, para que se cumpla.

También se hace mención de que el establecimiento de estas Clínicas dependerá de la disponibilidad presupuestaria de las entidades federativas y municipios. De igual forma, para cumplir con la fecha de plazo máximo, los Congresos de cada entidad deberán ajustar lo necesario para su legislación local.