Cellebrite en México: 11 instituciones compraron software para extraer datos

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Cellebrite en México: 11 instituciones públicas compraron tecnología para extraer información de dispositivos entre 2019 y 2025. R3D advierte opacidad sobre su uso.

Cellebrite en México fue adquirida por las fiscalías de siete estados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2019 y 2025. Los programas contratados permiten extraer y analizar información de teléfonos celulares y computadoras, incluso de dispositivos bloqueados o cifrados. Algunas versiones también permiten recuperar información eliminada.

Se trata de 19 contratos que suman 39 millones 694 mil 247 pesos, de acuerdo con una revisión realizada por Serendipia en el Buscador de Contratos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Pero este monto podría ser mayor. En 2024, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) documentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) pagó 20 millones 595 mil pesos a la empresa Nuga Sys S.A. de C.V. por licencias de Cellebrite entre 2019 y 2023, mediante cuatro procedimientos de contratación. La organización también reveló que la Secretaría reconoció haber utilizado esta tecnología en 116 ocasiones sin solicitar autorización judicial. Estos documentos no forman parte de la base revisada por Serendipia porque no han sido transparentados en el buscador de la PNT utilizado para el resto del análisis.

Las contrataciones disponibles para su consulta en la PNT incluyen software para extraer información de teléfonos celulares, herramientas de análisis forense, renovaciones de licencias, actualizaciones y servicios de mantenimiento de licencias contratadas en años anteriores.

Las adquisiciones de estas tecnologías no son nuevas en los gobiernos mexicanos, explica Santiago Narváez, investigador en R3D, sino que se remontan a hace aproximadamente una década. Sin embargo, “después de todos estos años no sabemos realmente cómo se están utilizando y eso es muy preocupante”, asegura.

En octubre pasado, la Fiscalía General de Puebla inició un procedimiento para adquirir herramientas Cellebrite, incluida la tecnología Inseyets y un paquete de 150 desbloqueos de teléfonos de alta gama, además de computadoras y capacitación para el personal encargado de utilizarlas. La primera licitación fue declarada desierta y el gobierno estatal publicó una segunda convocatoria el 26 de octubre. El fallo de este nuevo procedimiento está previsto para el próximo 24 de noviembre.

Cellebrite en México

“Estos servicios no son para espionaje; son un tema que nos sirve a nosotros para hacer los análisis forenses y sacar la información de los objetivos que aseguramos”, aseguró Idamis Pastor Betancourt, Fiscal General del Estado, tras la divulgación de la licitación.

Sin embargo, organizaciones como R3D, Signal y Access Now han advertido sobre los riesgos que estas herramientas representan para la privacidad y los derechos humanos, particularmente cuando se utilizan sin autorización judicial, mecanismos de supervisión o controles que permitan identificar posibles abusos.

¿Qué instituciones compraron Cellebrite en México?

Entre 2019 y 2025, al menos 11 instituciones públicas mexicanas contrataron productos o servicios de la empresa israelí Cellebrite, de acuerdo con los 19 contratos identificados por Serendipia. Las adquisiciones incluyen herramientas para extraer y analizar información de teléfonos celulares y computadoras, así como renovaciones de licencias, actualizaciones y mantenimiento de equipos.

En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia celebró tres contratos entre 2020 y 2021, por un monto conjunto de 16 millones 950 mil 507 pesos. El de mayor valor, adjudicado a Vanume, S. de R.L. de C.V. por 15 millones 230 mil 389 pesos, incluyó tecnología Cellebrite para el desbloqueo avanzado de teléfonos y otras soluciones de localización.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concentra cuatro contratos por 13 millones 993 mil 225 pesos. Entre ellos destacan dos renovaciones de Cellebrite Premium, adjudicadas a Pixkitec S.A. de C.V. en 2024 y 2025, por cinco millones 97 mil 861 pesos y seis millones 36 mil 65 pesos, respectivamente. Esta tecnología está diseñada para facilitar el desbloqueo y la extracción de información de dispositivos móviles.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contrató licencias para equipos Cellebrite de su área forense digital por tres millones 573 mil 331 pesos en 2023.

Además, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato contrató en 2022 a Grupo Ardesec para adquirir UFED Touch 2, por un millón 790 mil pesos.

En Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado realizó tres contrataciones entre 2021 y 2023, por un total de un millón 140 mil 836 pesos. Los documentos corresponden a renovaciones de UFED Touch, UFED 4PC y Cellebrite Delivering Mobile Expertise, herramientas relacionadas con la extracción y el análisis forense de información digital.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán adquirió tecnología Inseyets en 2025. El contrato FGE/JUR/065/2025, celebrado con Eyetech Solutions por 779 mil 960 pesos, incluyó equipo y licencias de este producto.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz destinó 600 mil pesos en 2022 a servicios de actualización y soporte de tecnología Cellebrite. Por otro lado, en Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado contrató en 2025 a Nuga Sys para adquirir una suscripción de Cellebrite Inseyets Online Pro, mediante el contrato SAF-037-2025, por 388 mil 582 pesos. Inseyets forma parte de las soluciones de Cellebrite para la extracción y el análisis forense de información de dispositivos móviles.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes adjudicaron los contratos de menor monto relacionados con estas tecnologías, de acuerdo con los documentos disponibles en la PNT. El IJCF pagó 87 mil 613 pesos con 61 centavos por mantenimiento de UFED 4PC en 2019, mientras que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes contrató en 2021 servicios de reparación de un equipo UFED Touch 2 por 68 mil 674 pesos con 32 centavos.

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) celebró dos contratos en 2022 y 2023, por un total de 321 mil 516 pesos, para adquirir herramientas Digital Collector e Inspector, destinadas al análisis forense de computadoras. La ASF es la única institución de la lista que no realiza investigaciones penales y, de acuerdo con los contratos disponibles, estas herramientas estaban destinadas al Laboratorio de Cómputo Forense de la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero.

A diferencia de UFED, Premium e Inseyets, los programas contratados por la ASF están orientados a la obtención y el análisis de información de computadoras, particularmente equipos Mac y Windows.

Serendipia contactó a la ASF para conocer el uso que ha dado a las herramientas de Cellebrite, los procedimientos de fiscalización en los que las ha empleado y los mecanismos de supervisión y protección de datos personales que aplica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había recibido respuesta.

11 proveedores venden software de Cellebrite en México

Los 19 contratos identificados por Serendipia fueron adjudicados a 11 proveedores distintos, entre empresas y personas físicas, que vendieron tecnología Cellebrite o prestaron servicios relacionados con sus productos entre 2019 y 2025.

Vanume, S. de R.L. de C.V. concentra el mayor monto contratado, con aproximadamente 19.1 millones de pesos distribuidos en cuatro contratos. Sin embargo, esta cifra incluye una adquisición de la Fiscalía del Estado de México que también contempló tecnología de localización, por lo que no todo el importe corresponde necesariamente a productos Cellebrite.

Le sigue Pixkitec, S.A. de C.V., con tres contratos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por aproximadamente 12.6 millones de pesos. Entre ellos se encuentran las renovaciones de Cellebrite Premium realizadas en 2024 y 2025.

La empresa Pixkitec ya había sido señalada en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada en julio de 2021. La organización documentó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México adjudicaron dos contratos de manera directa por más de 344 millones de pesos en 2020 para adquirir sistemas de análisis de metadatos y radiolocalización con capacidades de vigilancia e intercepción de comunicaciones, sin especificar si se trataba de algún software de Cellebrite.

MCCI identificó como socio y apoderado legal de la empresa a José María Funtanet Alarcón, exabogado de Emilio Lozoya, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Otros proveedores identificados son Nuga Sys, H-11 Digital Forensics, Grupo Ardesec, Eyetech Solutions, Internet Market, Global Business Solution, Grupo de Negocios TSA y dos personas físicas: Víctor Manuel Santillán Meneses y Eduardo Felipe Alonso Varela.

Cellebrite no es el nuevo Pegasus, pero también tiene riesgos

Las herramientas de Cellebrite permiten extraer y analizar información almacenada en teléfonos celulares, tabletas y computadoras, incluso cuando algunos dispositivos están bloqueados o cifrados, explica Narváez. Sin embargo, para utilizar estas herramientas es necesario tener acceso físico al dispositivo.

De esta manera, aunque ambas tecnologías pueden utilizarse para obtener información privada, Cellebrite y Pegasus funcionan de manera distinta. La principal diferencia es que Cellebrite requiere acceso físico al dispositivo, mientras que Pegasus puede infectar teléfonos celulares de manera remota, sin necesidad de que sus propietarios los entreguen.

Entre los datos que pueden obtenerse mediante las herramientas de Cellebrite se encuentran contactos, registros de llamadas, historial de ubicaciones, redes wifi y contenido de aplicaciones. En determinadas circunstancias, también es posible recuperar información eliminada de los dispositivos.

En contraste, Pegasus es un programa espía que puede instalarse de manera remota y acceder a información del teléfono sin que su propietario tenga conocimiento de ello. Pero que Cellebrite requiera acceso físico al dispositivo no elimina los riesgos para la privacidad.

Narváez advierte que estas herramientas pueden utilizarse legítimamente en investigaciones criminales, pero también existen antecedentes internacionales de su empleo durante detenciones arbitrarias, protestas y procedimientos migratorios.

La propia Cellebrite reconoce estos riesgos. En una presentación dirigida a inversionistas en 2021, la empresa israelí admitió que uno de sus principales riesgos es que sus productos sean utilizados por sus clientes de maneras incompatibles con los derechos humanos, o que así se perciba, lo que podría afectar su reputación, ingresos y resultados financieros.

Por su parte, Access Now ha denunciado que, pese a estas advertencias, la compañía continúa vendiendo su tecnología a regímenes represivos, facilitando detenciones, procesos judiciales y actos de hostigamiento contra periodistas, activistas de derechos civiles, disidentes y minorías en distintos países.

En su presentación para inversionistas de mayo de 2026, la empresa israelí identifica entre los factores que podrían afectar su negocio el uso indebido, accidental o deliberado, de sus productos; las fallas de sus soluciones de investigación digital, y los posibles ataques informáticos que comprometan la integridad de su software. Además, señala la privacidad de los datos, la ética y la rendición de cuentas entre los principales desafíos del sector.

Cellebrite en México: compras millonarias sin informes públicos sobre su uso

La falta de información pública sobre el uso de herramientas de extracción forense es una de las principales preocupaciones de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que considera necesario establecer mecanismos para supervisar su utilización por parte de las autoridades.

En entrevista con Serendipia, Santiago Narváez explicó que las instituciones que cuentan con esta tecnología deberían publicar informes periódicos sobre los sistemas adquiridos, sus capacidades y la frecuencia con la que se utilizan.

Estos reportes podrían incluir información estadística sobre las extracciones realizadas, sin revelar datos personales ni comprometer investigaciones penales en curso. De esta manera, sería posible conocer el alcance de su utilización sin divulgar información reservada.

Narváez también planteó la necesidad de establecer registros internos auditables que documenten qué áreas tienen acceso a los equipos, qué funcionarios están autorizados para operarlos, cuándo se realizan las extracciones, qué dispositivos son examinados y durante cuánto tiempo se conserva la información obtenida. “Todo esto debería de estar bien registrado y sistematizado para que en caso de abuso se pueda saber qué es lo que pasó”, explicó.

Además, actualmente las autoridades no están obligadas a mantener estos registros internos auditables, lo que dificulta verificar el uso de las herramientas e identificar posibles irregularidades.

La organización también ha señalado dificultades para conocer las adquisiciones de tecnología de vigilancia realizadas por instituciones públicas. Según Narváez, estos contratos no suelen encontrarse en los portales de compras gubernamentales, por lo que frecuentemente deben localizarse mediante solicitudes de acceso a la información o documentos filtrados.

Así, aunque los contratos disponibles en la PNT permiten identificar parte de las compras de Cellebrite en México, la información precisa sobre cuántas veces han utilizado esta tecnología las autoridades, con qué fines y bajo qué mecanismos de supervisión sigue en la opacidad.

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