Magdalena fue asesinada el 2 de septiembre de 2013; fue estrangulada. Tenía 43 años y tres hijas que han dedicado los últimos cinco años a buscar respuestas, a exigir justicia; han tenido que presionar a la Fiscalía para que la investigación avance, por lo que entre los agentes son conocidas como “las liosas, las que no nos dejan en paz”.
El 2 de septiembre de 2013, Magda iba tarde a su trabajo en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde era enfermera. Le dijo a su esposo que tomaría un taxi para no esperar el transporte público. A las 11 de la mañana, una compañera de trabajo llamó al celular de Magda para preguntarle en dónde estaba, por qué no había llegado a su turno.
El celular estaba en su casa, lo había olvidado. Cuando su esposo vio las llamadas perdidas, contactó a la compañera de Magda, quien le dijo que no había llegado a la clínica. El cuerpo de Magda fue encontrado en el municipio de Nezahualcóyotl, en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México.
Magdalena y su familia vivían en la Ciudad de México, pero la investigación le fue asignada al Estado de México por ser el lugar en donde estaba el cuerpo. El asesinato de Magdalena fue tipificado como feminicidio cinco meses después: en febrero de 2014, y a partir de entonces sus dos hijas mayores se hicieron cargo de darle seguimiento a la investigación.
Para rendir su declaración tuvieron que esperar entre cuatro y cinco horas, el tiempo que el abogado encargado del caso tardó en llegar. “El primer agente del Ministerio Público (asignado a la investigación) le llegó a preguntar a mi hermana, durante la entrevista, si tenía novio”, recuerda Magdalena, la segunda hija de Magda.
Magdalena hija dice que uno de los policías ministeriales intentó ayudarlas: les sugirió que pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad que están en la calle en donde fue encontrada su mamá. “Él nos ayudó un poquito más, nos dijo que iba a hablar con el agente del Ministerio Público, pero que tenía que hablar con él como todos hablaban de nosotros: que éramos las liosas, las que no los dejaban en paz”.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue activada en el Estado de México en julio de 2015. Entre las medidas de justicia y reparación del daño incluidas en la declaratoria de este estado hay una que contempla la creación de “un grupo de especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que se encargue de diagnosticar los expedientes en archivo relacionados con femincidios, e identifique las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían ser realizadas para el esclarecimiento de los hechos”.
En el caso de Magdalena eso no ha sucedido. Al principio, los funcionarios les pedían a sus hijas dinero para “agilizar los trámites”, pero la investigación no avanzaba. En 2015, el abogado que las hijas de Magdalena consiguieron para llevar el caso les sugirió interponer un amparo en contra del Ministerio Público de la Fiscalía por negligencia en la investigación.
Fue entonces cuando la fiscal se interesó en hablar con Magdalena para decirle que “no le convenía” proceder con el amparo ni estar mal con ella, pero el recurso continuó y la Fiscalía tuvo que asignar a un abogado “para que ya terminara con el caso”. Pero tres años después, el feminicidio sigue en la impunidad.
Magdalena dice que para ella nada repararía el daño de perder a su madre. Además, durante estos cinco años siempre ha sentido que es su culpa que la investigación no avance: “a lo mejor porque fuimos groseras no hicieron su trabajo, pero es que no vas por gusto, no quieres estar ahí, pero tienes que estar, porque alguien decidió por ella, alguien decidió que ya no quería que viviera y punto”.
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Este reportaje fue realizado por Alejandra Padilla para Serendipia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
