De los 14.9 millones de pesos (778 mil dólares) que gastó el estado desde que activó la Alerta de Género en Veracruz, en noviembre de 2016, casi la mitad corresponde al “gasto ejercido desde 2017” reportado por el municipio de Córdoba. Son 7.3 millones de pesos (380 mil dólares) reportados por el gobierno municipal en respuesta a la solicitud de información, sin detallar y sin aporte de facturas.
En segundo lugar aparece la capacitación de servidores públicos. El municipio de Xalapa celebró un contrato por 1.8 millones de pesos (96 mil dólares) con la empresa Centro de Seguridad Urbana y Prevención S.C. para capacitaciones a redes comunitarias de mujeres, a funcionarios y la realización de encuestas.
En tercer lugar está la inversión en vigilancia y en proyectos sociales con un millón de pesos (52 mil dólares) cada uno. Se trata de planes de acción encaminados a procurar la movilidad segura en el municipio de Veracruz y la prevención social de la violencia en el municipio de Tuxpan.
En Veracruz, la AVGM por violencia feminicida está activa en 11 municipios desde el 23 de noviembre de 2016. En diciembre de 2017 fue emitida una segunda Alerta, que obliga al estado a garantizar los derechos sexuales de las víctimas de violencia, es decir, a despenalizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación.
No obstante, el aborto todavía no es legal en Veracruz: un juez federal ordenó la despenalización del aborto en el estado en julio de 2018, pero el Congreso del estado interpuso un recurso de revisión en contra de esa decisión que deberá ser revisado por la nueva legislatura.
Fuente: solicitudes de información, 2018
Esta gráfica muestra la clasificación de los recursos públicos destinados a la Alerta de Género en el estado. Los primeros cuatro rubros son los estipulados en la declaratoria de Alerta de Género: seguridad, prevención, justicia y reparación del daño y visibilizar la violencia de género, más el rubro “no especificado” para los gastos que no correspondan a ninguno de los anteriores. La segunda fila corresponde a las medidas establecidas en la misma declaratoria como pueden ser “Divulgar la alerta de género”, “Reforzar los patrullajes preventivos”, “Capacitar servidores públicos”, entre otros. La última fila corresponde al objeto del gasto indicado en el contrato y/o factura entregada por el estado en respuesta a la solicitud de información.
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Este reportaje fue realizado por Alejandra Padilla para Serendipia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
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