El INAI protege los datos personales de los ciudadanos y el acceso a la información pública; en cambio la ASF busca fiscalizar recursos públicos y la Fiscalía Anticorrupción persigue delitos. Pero el presidente ha propuesto una vez más que alguna de estas últimas dos asuman las funciones del INAI.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone sustituir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción y ahorrar así cerca de mil millones de pesos al año.
“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función [la que realiza el INAI] la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción”, mencionó el mandatario durante su conferencia matutina del 18 de abril.
Además, López Obrador remarcó su inconformidad porque los comisionados del INAI sigan cobrando su salario aún cuando el pleno del instituto no puede sesionar.
No obstante, fue el mismo presidente López Obrador quien vetó la designación de los comisionados Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso (nombrados el 1 de marzo por el Senado) debido a que a su parecer fueron impuestos por los partidos políticos.
En este video te contamos por qué el INAI no puede ser sustituido por otras instituciones. Sigue leyendo la nota para encontrar más información.
Dichas designaciones eran necesarias para que el INAI no se quedara sin poder sesionar por falta de quórum. Sin embargo, las designaciones pendientes en el INAI no son cosa nueva, datan desde el 31 de marzo de 2022, cuando Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov dejaron vacantes sus puestos como comisionados. Desde entonces el instituto sesionó con cinco de siete integrantes posibles. Y desde abril de este año Francisco Javier Acuña Llamas también dejó su puesto como comisionado, con lo que el pleno del INAI quedó inoperante.
En semanas recientes, tanto los miembros del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como senadores y organizaciones civiles han mostrado su inconformidad por las designaciones pendientes de los comisionados. Incluso han interpuesto controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Senado nombre a los tres comisionados faltantes.
Sin embargo, al presidente López Obrador ese tema parece importarle poco, pues a su parecer el instituto solo ha servido como “fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios”. “Los nombren o no los nombren [a los comisionados del INAI] no sirven para nada”, dijo AMLO en conferencia de prensa del 14 de abril.
Pero, ¿es factible o probable que la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción pueda en un futuro realizar las actividades que hace el INAI? ¿Estas instituciones tienen las facultades para hacerlo? Aquí te contamos.
AMLO propone sustituir al INAI pero, ¿qué hace exactamente el instituto?
El INAI es un organismo constitucional autónomo —esto quiere decir que decide su gestión, patrimonio y presupuesto de manera independiente a los poderes de gobierno—. Y tiene como tarea hacer valer dos derechos fundamentales de los ciudadanos:
- El de acceso a la información pública.
- La protección de datos personales.
Para el primero, el INAI se encarga de que cualquier autoridad en el ámbito federal (órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos), o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos entregue la información que como ciudadano tienes derecho a solicitar, según el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La excepción es aquella información clasificada, reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien sea confidencial, o se trate de datos personales.
Ese último punto tiene que ver con la otra tarea del INAI: garantizar el uso adecuado de los datos personales y la rectificación, cancelación y oposición de los mismos. En otras palabras, el INAI vigila que cualquier institución federal, estatal o municipal, cualquier organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos o partidos políticos no hagan mal uso de aquellos datos que te hacen identificables —como el nombre, edad, domicilio, número telefónico, patrimonio, características físicas, estado de salud, entre otros—, y que por alguna circunstancia, actividad, proceso operativo, comercial o de servicio hayas compartido con aquellas instituciones.
Por otra parte, en las sesiones del pleno, los comisionados —que de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberían ser siete o mínimo cinco— resuelven los recursos de revisión que los ciudadanos interponen en contra de las resoluciones de los sujetos obligados, es decir, de los órganos de gobierno (de acuerdo con la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, antes de no poder sesionar, en el pleno del INAI se resolvían cerca de 500 recursos de revisión cada 8 días). Del mismo modo, los comisionados revisan las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Además de estas funciones, el INAI coordina el Sistema Nacional de Transparencia, una parte del Sistema Nacional Anticorrupción y también del Sistema Nacional de Archivos.
¿Qué hace la Auditoría Superior de la Federación?
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Deuda Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano técnico de fiscalización perteneciente a la Cámara de Diputados. Fue creada precisamente para apoyar a esta Cámara en la revisión de la Cuenta Pública Federal. Es decir, comprobar que las entidades gubernamentales ejerzan el dinero público de manera correcta y de acuerdo con sus funciones.
La ASF revisa la cuenta pública, investiga los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales. De igual manera emite observaciones, recomendaciones, indemnizaciones y sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley.
En resumen, la ASF es una institución promotora de la transparencia y la rendición de cuentas, pero no garantiza que cualquier persona solicite gratuitamente la información y mucho menos promueve la protección de los datos personales. La ASF tiene un carácter únicamente fiscal, es decir que se concentra únicamente en el manejo de dinero público, y aunque es un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, deja fuera aspectos que no involucra de manera directa la administración de la cuenta pública.
En marzo de 2018, la Cámara de Diputados eligió al economista David Rogelio Colmenares Páramo como Auditor Superior de la Federación, quien terminará su periodo de trabajo en el año 2026.
La Fiscalía Anticorrupción investiga delitos por hechos de corrupción
La Fiscalía Anticorrupción es un órgano adscrito a la Fiscalía General de la República que investiga, persigue y esclarece los delitos por hechos de corrupción. María de la Luz Mijangos Borja —quien es doctora en Economía aplicada al Derecho y ha sido miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM— es la titular de esta institución.
Los delitos de los que se encarga esta fiscalía son aquellos que se encuentran en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal, es decir los siguientes:
- Ejercicio ilícito de servicio público
- Abuso de autoridad
- Desaparición forzada de personas
- Coalición de servidores públicos
- Coalición de servidores públicos
- Pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos
- Concusión
- Intimidación
- Ejercicio abusivo de funciones
- Tráfico de influencia
- Cohecho
- Peculado
- Enriquecimiento Ilícito
Así pues, la Fiscalía Anticorrupción tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos. De igual forma tienen la obligación de otorgar procurar justicia, combatir la inseguridad y disminuirla, prevenir los delitos de este tipo y procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas. No obstante, está fuera de todo alcance de esta fiscalía procurar que las instituciones gubernamentales otorguen la información que las personas solicitan, debido a que negar este derecho, no se encuentra tipificado dentro del código penal federal.
Algo que tienen en común el INAI, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción es que los tres forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este Sistema, es el que establece principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para las autoridades de todos los órdenes de gobierno detecten, sancionen y prevengan faltas administrativas y hechos de corrupción.
En enero de 2021, el presidente llamó a hacer una “revisión” a los organismos autónomos, con la finalidad de que el gobierno federal pudiera asumir sus funciones. Pero fue a partir de agosto de 2022, después de que el INAI ordenó sancionar al presidente por la exhibición de un documento fiscal que vulneraba la privacidad del periodista Carlos Loret de Mola, que sus críticas se han vuelto cada vez más encarnizadas.
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