Algunas organizaciones civiles afirman que la reforma para trasladar el control de la Guardia Nacional a la Sedena es un riesgo debido a los antecedentes de violaciones de derechos humanos, así como una contradicción que revela falta de regulaciones en materia de Seguridad.

Los riesgos de la Guardia Nacional se hacen más relevantes luego de que este 7 de septiembre fue aprobada por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado la iniciativa de reforma propuesta por el presidente. 

La reforma para trasladar el control administrativo, financiero y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (Sedena) fue aprobada sin cambios por el Senado de la República, luego de 7 días de que llegara al Congreso.

Será este jueves 8 de septiembre que se discuta y vote en el pleno.

Sin embargo, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitiría un acuerdo para que “ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, la opinión pública se ha manifestado en contra de esta decisión.

Y es que la intención para que la Guardia Nacional pase a la Sedena ya había sido planteada por AMLO desde 2021. Pero fue hasta el 31 de agosto de este año que la iniciativa fue recibida por la Cámara de Diputados.

El principal argumento del presidente para realizar este cambio es prevenir que los integrantes de la Guardia Nacional puedan caer en actos ilícitos como lo hicieron algunos miembros de la extinta Policía Federal, o como el caso del ex secretario mexicano de Seguridad Pública y jefe de la Policía Federal, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por trabajar en conjunto con el narcotráfico.

No obstante, la propuesta ha suscitado críticas de organizaciones y miembros de la sociedad civil, pues aseguran que es un paso más en la militarización en el país.

Riesgos de la Guardia Nacional en manos de Sedena, según analistas y OSC

Lilian Chapa Koloffon, investigadora en la organización World Justice Project y analista de políticas de seguridad pública, resalta la preocupación por el estado indeterminado que las Fuerzas Armadas han tenido, pues si bien están involucradas en la operación de combate al crimen, están alejados de los procedimientos cotidianos de la tarea policial en su interacción con el Ministerio Público y jueces, “como si a ellos las reglas no les aplicaran”. 

Así, si a las misiones de las Fuerzas Armadas formalmente se suma salvaguardar la seguridad pública, refiere Chapa Koloffon en su columna publicada en el diario Washington Post, no podrían librarse de cumplir con todas las obligaciones a las que está sometida la función policial en el proceso penal. 

De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción, el problema principal de esta iniciativa es que al pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, en realidad hará que todos sus elementos estén cobijados bajo el fuero militar, lo que se traduce a que las acciones ilegales cometidas por los elementos de la Guardia Nacional quedarán fuera de la justicia civil.

Lo anterior es sumamente relevante ante el largo historial de violaciones a los derechos humanos en las que han incurrido las fuerzas castrenses. 

Desde la matanza de estudiantes de Tlatelolco (1968) hasta otros más recientes, como el asesinato de 45 indígenas en Acteal (1997), la represión a manifestantes en San Salvador Atenco (2006), la matanza de 22 personas en Tlatlaya (2014) y la desaparición de 43 alumnos de la escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala (2014), el ejército ha resultado estar íntimamente involucrado o ser el responsable directo. 

Del mismo modo, según información de Animal Político, de 2006 hasta el 2018 las fuerzas armadas detuvieron a 100 mil 447 civiles en supuesta flagrancia. 

Así, la SEDENA ha estado involucrada en 4 mil 495 enfrentamientos y la Secretaría de Marina (SEMAR), en tres mil 983. En ese mismo periodo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 174 recomendaciones que involucran a la SEDENA y/o a la SEMAR en actos de torturas, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señala información de Animal Político, 47 personas han sido víctimas colaterales de casos de uso inadecuado de la fuerza, abuso de autoridad o negligencias por parte de miembros del Ejército de México. 

En la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, Leonardo Núñez y Diana García señalan cómo el aumento a presupuesto, así como mayores responsabilidades puestas en manos de los soldados (acumulan 234 funciones que antes eran de otras instituciones civiles) demuestran cómo hoy los militares tienen más poder y menos contrapesos que en los sexenios pasados.

Finalmente, otros expertos hacen hincapié en la contradicción como uno de los principales riesgos de la guardia civil y su cambio a las fuerzas militares, pues la nueva reforma contraviene los compromisos por desmilitarizar el país, así como de mantener el carácter civil de la Guardia Nacional.

“Sería una especie de traición a todo el proceso que se llevó a cabo en 2019 donde se hizo un parlamento abierto y expertos fueron al Congreso de la Unión para defender el carácter civil de la Guardia Nacional. Sería un desoir estos procesos”, mencionó a Serendipia Tadeo Luna, responsable del área de Derechos humanos, Seguridad y justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.

En 2012, durante una de sus campañas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a regresar al ejército a sus cuarteles. “No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”, dijo entonces López Obrador.

Mediante un comunicado publicado el 10 de agosto de este año, el Instituto de Derechos Humanos junto con el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón, de la Universidad Iberoamericana Puebla, manifestaron su rechazo ante la inminente adherencia de la Guardia Nacional a la Sedena, sobre todo después de que la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional estableció el plazo de cinco años para la salida de las fuerzas armadas de estas labores al ser una actividad extraordinaria y subordinada al mando civil.

Estos son los principales argumentos sobre los riesgos de la Guardia Nacional según analistas y OSC:

• El cambio de la Guardia Nacional a un mando militar implica desobedecer los acuerdos de creación de la misma institución, así como el compromiso del gobierno actual por desmilitarizar el país en cinco años. 
• La adherencia de la Guardia Civil a la Secretaría de Defensa refuerza el carácter de la Sedena como una institución con mayor poder y sin contrapesos. 
• La falta de fuero en las fuerzas militares vulnera a la población en general frente a los atropellos a sus derechos. 
• Historial de violaciones a derechos humanos por parte de militares.
• La militarización de la Guardia Nacional no representa una solución directa en materia de seguridad pública. 

Mientras tanto, en la discusión del miércoles en el senado, los senadores del Partido Movimiento Regeneración Nacional defendieron el dictamen que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional argumentado que el pueblo manda y el 58 por ciento pide que tenga un mando civil. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, destacó que con esta reforma se establecerá una coordinación precisa en distintas instituciones de seguridad, lo cual fortalecerá la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo permanente, profesional y disciplinado.