En México, durante 2021, 14 de cada 100 habitantes dijeron ser víctima de corrupción. En ese mismo año, 4 de cada 10 pesos en compras que gastó el gobierno federal, fue mediante procedimientos sin competencia. A nivel mundial, México se ubica en la posición 124 de 180 países en cuanto a percepción de corrupción. 

“Arriba no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservadores, ya se acabó”, mencionó en la conferencia de prensa del 11 de marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿es cierto que ya no hay corrupción en México? Los datos muestran lo contrario.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 14 de cada 100 habitantes de México dijeron ser víctimas de actos de corrupción durante ese año; y que 62 de cada 100 habitantes cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites gubernamentales que realiza, mientras que 45 de cada 100 afirma conocer a alguien que ha sido víctima de actos de corrupción. 

Del mismo modo, actos como el multimillonario desvío de recursos públicos en el organismo descentralizado: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) — el cual ha sido llamado la “Estafa Maestra de la 4T”, en referencia a la estrategia en que funcionarios de la administración federal pasada utilizaron 11 dependencias y más de 128 empresas fantasmas para desviar más de 3 mil 433 millones de pesos—  han llevado al mismo López Obrador a replantear, en este año, la afirmación de que ya no hay corrupción en México.“Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo”, dijo el mandatario durante la conferencia de prensa del 20 de octubre de 2022.

Pero, ¿qué es corrupción?

La organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro, Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso del poder público para beneficio privado”. Y remarca que esta práctica puede ocurrir en cualquier lugar, puede involucrar a cualquier persona (políticos, funcionarios gubernamentales, servidores públicos, empresarios o miembros del público) y se puede adaptar a diferentes contextos y circunstancias, es decir que evoluciona en respuesta a cambios en las reglas, la legislación e incluso la tecnología.

Expertos de distintas organizaciones coinciden en que la corrupción es un problema sistémico, es decir que no se da de manera aislada e individual, sino que involucra generalmente redes con múltiples actores. 

Un ejemplo de esto es la anterior mencionada “Estafa Maestra”, los fraudes del ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte (ambos casos ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), y los recientes desvíos de casi 10 mil millones de pesos dentro de Segalmex, en la actual administración. 

La corrupción, entonces, engloba una amplia gama de comportamientos, entre los que destacan el soborno, la malversación, los pagos facilitadores, el fraude, la colusión, la extorsión, el clientelismo y el nepotismo como los más frecuentes. 

Sin embargo, advierte María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el estudio México: Anatomía de la Corrupción, existen muchas otras conductas que generan un beneficio indebido por el abuso de poder y que resultan en muchas ocasiones difíciles de identificar y, por lo tanto, de perseguir legalmente. 

Por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoce en los procedimientos de contratación conocidos como “adjudicaciones directas” una de las prácticas con mayor riesgo de corrupción en las compras públicas. 

Se le llama adjudicación directa al procedimiento de otorgar el contrato de un bien o servicio a un proveedor que ha sido preseleccionado por una dependencia o entidad pública, sin puesta en concurrencia y sin que exista competencia.  

Existen también otros procedimientos de contratación como la licitación pública, la cual consiste en una invitación abierta mediante el anuncio de una convocatoria a todos aquellos interesados en ser proveedores del Gobierno. También está la invitación a cuando menos tres personas, parecida a la licitación pública pero con la restricción del número de participantes a tres, y la mencionada adjudicación directa.

Según refiere la Secretaría de la Función Pública (SFP), la licitación pública es el procedimiento de contratación que garantiza como regla general la obtención de las mejores condiciones de contratación. En ese sentido, la dependencia recomienda enfáticamente no utilizar las adjudicaciones directas, salvo en caso de que sólo exista un contratista o proveedor, en casos de urgencia o cuando la contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública.

La finalidad de lo anterior es garantizar la competencia entre posibles proveedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento. Sin embargo, para ciertas instituciones de la Administración Pública Federal, esto no es así. 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa de propiedad estatal, asignó en 2020 el 98 por ciento de sus compras públicas mediante el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin previo concurso.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por su parte, gastó el 75 por ciento del monto total de sus compras públicas de 2020 a través de adjudicaciones directas. Mientras que ocho de cada 10 pesos gastados por la Secretaría de la Función Pública ese año, fueron por este procedimiento. 

La Secretaría de Marina (Semar) no destinó un solo peso para compras por medio de licitación pública en 2020. Y Diconsa, una de las divisiones de Segalmex que estuvo involucrada en el millonario fraude, adjudicó únicamente el 4 por ciento de sus recursos para compra pública a través de licitaciones.

En 2021, cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencia: 41 por ciento del monto total fue adjudicado directamente, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción: Compras Públicas en México 2018-2021 . Mientras que una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos.

¿Cómo se percibe la corrupción en el mundo?

El indicador más citado dentro de los estudios sobre corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, el cual mide los niveles de percepción de la corrupción de alrededor de 180 países, desde 1995. Dentro del estudio, cada país obtiene una calificación de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 representa ausencia de corrupción. 

Así, México ocupó el lugar 124, con 31 puntos (cuando la puntuación media es de 43) de 180 países evaluados en el IPC 2021. A grandes rasgos esto significa que hay 123 países que se perciben menos corruptos que México y 56 que se perciben más en este rubro.

La posición de 2021 es la tercera más baja que se le ha otorgado a México desde 2012 y es la misma que obtuvo en 2020. En 2019 y 2017 la calificación fue de 29 y en 2016 fue de 30. Esto marca una especie de estancamiento en cuanto al Índice de Percepción de Corrupción, desde por lo menos hace cuatro años. 

¿Entonces ya no hay corrupción en México?

No es lo mismo la percepción de la corrupción que los actos de corrupción en sí. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 del Inegi, el 86.6 por ciento de la población mexicana considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en el país.  

La anterior cifra, junto con las demás referidas en la ENCIG 2021 son resultado de la respuesta a preguntas que el INEGI formuló, entre las que destacan las siguientes: 

• ¿Un servidor público o empleado del gobierno intentó apropiarse o le solicitó de forma directa algún beneficio (dinero, regalos o favores) que usted pudiera otorgarle?
• ¿Una tercera persona o coyote le insinuó o pidió de forma directa dinero, un regalo o favor para algún servidor público o empleado de gobierno? 
• ¿Un servidor público o empleado del gobierno le insinuó o generó las condiciones para que le proporcionara dinero, un regalo o favor para su persona?
• ¿En cuántos de ellos el servidor público o empleado de gobierno intentó o se apropió de dinero, regalos o favores?
• ¿Cuál fue la cantidad total de la que el servidor público o empleado de gobierno se apropió en dinero, regalos o favores? 

Así, a nivel local, la percepción es parecida a la que se tiene en todo el país: en promedio, 60 por ciento de la población de las 32 entidades consideró que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su estado. Querétaro es la única entidad en donde menos del 70 por ciento de la población considera a su gobierno como corrupto (64.4 por ciento de la población).  

Pero en cuanto a los datos de actos de corrupción, la situación no dista mucho a lo que se percibe. En 2021 a nivel país se cometieron 26 actos de corrupción por cada 100 habitantes, según el Inegi. Podemos observar entonces que la cifra de la tasa de actos de corrupción de 2021 es un 14 por ciento menos que la que se registró en 2019, según datos del Inegi.

Además, 14 de cada 100 habitantes dijeron haber sido víctimas de corrupción en México durante 2021, de acuerdo con el Inegi. Por su parte, las entidades que mayor tasa de víctimas de corrupción por cada 100 habitantes fueron Quintana Roo, con 20 por cada 100 habitantes. Le siguen Puebla y Baja California con 19 víctimas de estos hechos por cada 100 habitantes cada una. 

Según el Inegi, el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2021 fue el contacto con autoridades de seguridad pública, con 65 por ciento, seguido de los trámites ante el Ministerio Público con 24 por ciento de las experiencias de corrupción. Mientras que el trámite con menor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2021 fue la atención médica programada con 0.3 por ciento, seguido del pago ordinario del servicio de agua potable con 0.9 por ciento.

A nivel nacional, los costos por incurrir en actos de corrupción se estiman en 9.5 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 44 pesos promedio por persona, durante 2021, según datos del Inegi. Durante 2019, el Inegi estimó que los costos por incurrir en actos de corrupción sumaron 14.1 millones de pesos. Esto quiere decir que del 2019 al 2021 existió una disminución del 32.9 por ciento debido a costos de corrupción.  

Sin embargo, muchas veces los costos de la corrupción son la vida de las personas, como en el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en mayo de 2021. En este caso, las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia capitalina han arrojado que al menos 14 funcionarios públicos relacionados con la tragedia que dejó 26 fallecidos y 80 heridos​, están siendo investigando por delitos como fraude y uso indebido de atribuciones y facultades.

Así, además de los desvíos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), los cuales se estiman llegarían a nueve mil 500 millones de pesos y donde al menos 53 personas, entre funcionarios y ex funcionarios del organismo estarían involucradas, existen programas como las Universidades del Bienestar Benito Juárez, cuya falta de transparencia hace sospechar de posibles actos de corrupción. 

En este último caso, después de cuatro años, todavía no es posible saber cuántos docentes trabajan en estas universidades, cuánto se les paga y en dónde dan clases. Sin embargo, cada año el programa sigue recibiendo más de mil millones de pesos, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 

Todo lo anterior hace pensar que la afirmación de que ya no hay corrupción en México, dista mucho de ser verdad. 

La corrupción es un fenómeno complejo en el que “la sociedad y la cultura tienen un papel fundamental en la tolerancia a la corrupción y en su combate”, menciona María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Y que los actos de corrupción no deberían ser vistos únicamente como actos cometidos por individuos aislados de un contexto social, sino que son parte de sistemas sociales, de los cuales depende, en buena medida, su funcionamiento.