La violencia en Guerrero provocó el desplazamiento de más de 800 familias indígenas en Chilapa. Comunidades denuncian ataques armados, drones explosivos y falta de protección oficial.

La violencia en Guerrero volvió a encender las alertas este lunes luego de que comunidades indígenas de la Montaña Baja denunciaran ataques armados, explosivos lanzados con drones y falta de protección por parte de las autoridades, situación que ha obligado a más de 800 familias a abandonar sus hogares.

Habitantes de comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en el municipio de Chilapa, denunciaron que llevan varios días bajo asedio de hombres armados presuntamente vinculados al grupo criminal Los Ardillos.

Las familias desplazadas se refugiaron principalmente en Alcozacán, donde permanecen mientras continúan los ataques y enfrentamientos en la región.

Comunidades denuncian ataques con drones y armas largas

De acuerdo con denuncias del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), la violencia en la zona ha escalado en los últimos días con ataques realizados mediante armas largas y drones explosivos.

Habitantes señalaron que durante la mañana de este lunes fueron detonados artefactos explosivos en la entrada de Alcozacán, donde permanecen cientos de desplazados.

Madres indígenas difundieron videos en redes sociales donde se escuchan detonaciones mientras mujeres y niños huyen para ponerse a salvo.

“Queremos sembrar nuestra tierra y vivir una vida digna”, expresaron algunas de las mujeres desplazadas en mensajes difundidos públicamente.

Violencia en Guerrero: acusan falta de respuesta de autoridades

Las comunidades afectadas aseguraron que desde hace días solicitaron ayuda a distintas instancias federales y organismos defensores de derechos humanos, incluyendo la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección.

Sin embargo, denunciaron que no han recibido una respuesta inmediata para garantizar la seguridad de las familias desplazadas.

Además, reprocharon que elementos del Ejército y fuerzas federales acuden temporalmente a la zona, pero posteriormente se retiran, dejando nuevamente expuesta a la población.

“Nomás vienen a tomarse fotos”, denunció uno de los habitantes afectados.

La defensora de derechos humanos Karla Orozco afirmó que las comunidades viven bajo asedio desde 2018 y recordó que en 2021 la CNDH emitió medidas cautelares para proteger a las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, aunque aseguró que los acuerdos nunca se cumplieron.

Retienen convoy oficial en carretera hacia Alcozacán

La crisis por la violencia en Guerrero escaló aún más este lunes cuando el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, fue retenido y obligado a regresar mientras se dirigía a Alcozacán para atender a las familias desplazadas.

De acuerdo con el dirigente del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo, civiles identificados como presuntos operadores de Los Ardillos interceptaron el convoy en el crucero de El Jagüey, sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango.

El funcionario viajaba acompañado por militares, Guardia Nacional y Policía Estatal, además de llevar apoyo humanitario para las familias refugiadas.

Horas después, Plácido Galindo denunció que ningún funcionario había llegado todavía a la zona y que los ataques continuaban.

“Hasta ahorita no ha llegado ningún funcionario y nos siguen atacando”, afirmó.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la violencia en Guerrero?

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el gabinete de seguridad ya fue informado sobre el desplazamiento forzado que enfrentan comunidades indígenas en Guerrero.

La mandataria aseguró que el gobierno federal trabaja para proteger a la población mediante presencia de la Guardia Nacional y atención a las familias afectadas.

“Estamos trabajando ahí para poder proteger a la población”, declaró.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es generar condiciones para que las familias puedan regresar a sus comunidades tras abandonar sus viviendas debido a la violencia.

Violencia en Guerrero deja asesinatos, desapariciones y desplazamientos

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que la violencia en la Montaña Baja ha dejado:

• 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados
• 25 personas desaparecidas
• Más de 800 familias desplazadas
• Ataques constantes con armas largas y drones explosivos

La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos debido al impacto sobre niñas, niños y familias indígenas que permanecen fuera de sus hogares ante el temor de nuevos ataques.

Hasta este lunes 11 de mayo de 2026, las familias desplazadas continúan refugiadas mientras exigen seguridad, atención humanitaria y garantías para regresar a sus comunidades.