Los institutos de transparencia -nacional o estatales- son un vínculo necesario entre el ciudadano y las autoridades.
Son un puente de diálogo entre la población y las instituciones. El derecho fundamental de acceso a la información pública es una ventana que acerca al gobernado con sus gobernantes, ventana que, en muchas ocasiones, el ente público prefiere mantener cerrada para que “no se sepa” lo que hicimos y cómo lo hicimos.
Es ahí cuando el órgano garante de este derecho tiene las facultades constitucionales para obligar al ente público a “abrir” esa ventana y dejar ver al ciudadano lo que desea conocer.
Estas instituciones garantistas, resultado del esfuerzo y visión ciudadana, son para muchos servidores públicos incómodas, les resultan dañinas, indeseables. Ya he escuchado a dos que tres decir que “ojalá desaparezcan porque nada más estorban”, ¿estorban para qué? Para seguir evadiendo su responsabilidad de transparentar el manejo de los recursos, de las licitaciones que llevan a cabo, de las compras que hacen, de a quién se las hacen y por qué a ellos, si fue la mejor propuesta económica en relación calidad-precio, si cumplieron con los requisitos, si ya entregaron el producto comprado o el servicio contratado y si estos cumplen con los requerimientos hechos en las bases del concurso.
Actualmente estamos corriendo en un peligroso terreno de las compras sin licitar. Nos piden que tengamos fe ciega en que no se van a robar nada y que por ello no van a concursar nada, que ellos compran de manera directa porque son muy honestos y que los que le venden son tan puros como los que compran.
Años nos tardamos en por fin contar con un andamiaje que de cierta certeza en el gasto de los recursos públicos. No podemos dejar como ciudadanos que esto se vaya por la borda.
La democracia ha tomado años para establecerse, lo hemos hecho a través de la creación y fortalecimiento de instituciones ciudadanas que vigilan en todo momento el buen andar de quien debe servirnos.
Debemos exigir, debemos pedir, debemos preguntar.
Ya en estos tiempos no es posible ir a ciegas. Ellos, las autoridades, tienen la obligación de informar, nosotros los ciudadanos el derecho a saber. Los órganos de transparencia son ya instituciones maduras, con gente experta y con las suficientes herramientas jurídicas para acompañarnos en el camino del acceso a la información.
Como ciudadanos debemos estar muy atentos a lo que suceda día a día con nuestras instituciones autónomas; hay que cuidarlas y exigir que permanezcan, que crezcan, que se fortalezcan, estas instituciones representan a un país con una vida democrática.
