Espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, proyectos turísticos a cargo del ejército, abusos sexuales al interior del Ejército y su intervención en la reforma de la Guardia Nacional son solo algunos ejemplos de lo que han revelado hasta ahora los Guacamaya Leaks.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la filtración de correos electrónicos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fue “un fracaso”. Pero, ¿qué hay en Guacamaya leaks? ¿Realmente los 6 terabytes de información son irrelevantes?

Para empezar, la información que hay en los Guacamaya Leaks representaría cerca del triple de la que fue divulgada en los Pandora Papers en 2021, llamada por expertos como una de las mayores filtraciones de la historia. De esta manera, el hackeo ha dejado expuesta la vulnerabilidad de una de las instituciones en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador más confía: el ejército mexicano.

Pero, además, dentro de los millones de documentos hay información que va desde la salud del presidente López Obrador y sus reiteradas visitas de urgencia al hospital, hasta la que señala supuestos vínculos de autoridades estatales y municipales en el sureste del país con cárteles y grupos delictivos. 

A continuación, cinco notas publicadas con base en la información que hay en Guacamaya leaks.

Ejército, autor de la reforma para la Guardia Nacional

El 1 de julio de este año, el ejército mexicano presentó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal un par de iniciativas de reformas en materia de la Guardia Nacional.

De acuerdo con una nota publicada por el medio Proceso, basada en los documentos filtrados en los Guacamaya Leaks, desde el 29 junio, la Sedena había presentado durante reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, dos iniciativas con la finalidad de que la Guardia Nacional pasara a la administración de la Sedena. 

La primera iniciativa, identificada como “plan A”, tenía contemplado reformar al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza militar” y “adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

El “plan B”, por su parte, se trataba de una serie de reformas a leyes secundarias, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De acuerdo con el análisis comparativo realizado por Proceso entre las reformas aprobadas y los documentos enviados por la Sedena a la Consejería Jurídica de la presidencia, la propuesta militar apenas sufrió ligeros cambios.

Así, menciona Proceso, el 31 de agosto, la Procuraduría Fiscal de la Federación dio el visto bueno del “Plan B” y ese mismo día el presidente López Obrador envió la propuesta a la Cámara de Diputados como si fuera suya.

Proyectos turísticos de la Sedena

A través de los documentos hackeados a la Secretaría de Defensa, el medio de información Latinus publicó que hay más proyectos turísticos dentro de los Guacamaya Leaks.

De acuerdo con documentos contenidos en los correos electrónicos de la Sedena, Latinus afirmó que el 27 de agosto de este año, fue compartido de manera interna el proyecto que establece la creación de la empresa Servicios Turísticos Itzamná.

Dicha empresa dependerá del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca y, supuestamente, estará encargada de manejar los desarrollos hoteleros que se construirán en Uxmal y Calakmul, en Yucatán; así como los eco hoteles que se instalarán en la Riviera Maya.

El proyecto también contempla tener a su cargo parques nacionales como el de La Plancha, en Yucatán, y el Parque Nacional del Jaguar, en Quintana Roo.

Además, se supone la creación de una aerolínea administrada por el ejército mexicano, la cual tiene como fecha límite para su creación, el 31 de diciembre de 2023.

El 5 de octubre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el interés por crear una nueva línea aérea operada por la Sedena, la cual, presumiblemente, dijo el presidente, llevaría el nombre de “Mexicana de Aviación”

Según la información expuesta por Latinus, la aerolínea plantea brindar un servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga con 10 aeronaves rentadas, las cuales operarán cien horas de vuelo al mes.

Abusos sexuales al interior del ejército

El 2 de octubre, el diario El País, publicó una nota basada en los Guacamaya Leaks, donde registraron decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, que la Sedena ha registrado desde hace años, pero que ha mantenido en secreto.

De acuerdo con la investigación de El País, en un documento de la Sedena, con fecha del 9 de noviembre de 2021, se tenían reportados a 308 militares acusados, procesados o sentenciados de violar los derechos humanos, casos que datan desde el año 2009.

De entre las acusaciones, 23 son señalados por casos de violación calificada o abuso sexual; cinco fueron sentenciados; 10 fueron procesados y para el resto el caso quedó archivado. 

Otras denuncias más recientes, señala El País, datan de 2021, e implican a tenientes de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad en la capital, a ingenieros constructores de la Ciudad de México y oficiales de menor rango contra civiles.

Esa compilación de denuncias incluye el relato de una soldado en el estado de Chihuahua que afirma que altos mandos del lugar entraban a las habitaciones donde residían las mujeres, cuando éstas se encontraban desnudas. Después, los altos mandos del ejército las obligaban a tener relaciones sexuales y, si no accedían, eran víctimas de represalias físicas y psicológicas.

Al respecto, menciona la nota de El País, la medida que puso en marcha la Sedena fue la difusión y firma de una carta en la que sus miembros se comprometían a no acosar ni violar los derechos humanos de nadie. 

De acuerdo con los documento obtenidos del Guacamaya Leaks, en junio de este año comenzó a circular entre las oficinas de la Sedena el documento en el que aseguran darse por enterados de qué actitudes eran consideradas acoso sexual además de prometer “no cometer actos de esta naturaleza”.

La estrategia de la Sedena por deslindarse del caso Ayotzinapa

Otro de los casos que salieron a flote después del hackeo a los servidores de la Sedena, es el que vincula a la Secretaría de Defensa con una serie de maniobras para deslindar su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y entorpecer las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó el 3 de octubre un reportaje en el que detalla, a través de documentos contenidos en correos electrónicos de algunos altos mandos del Ejército, las distintas estrategias para la no se vinculara a la Secretaría de Defensa en las investigaciones del caso Ayotzinapa. 

Los correos publicados por MCCI datan del año 2015 y fueron enviados a la Unidad de Asesores del Alto Mando y dirigidos al entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

En dichos correos, se aconsejaba deslindar al Ejército de cualquier participación en los hechos, criminalizar a los estudiantes y desacreditar a sus padres, defender la “verdad histórica” a como diera lugar y la salida del grupo de expertos del GIEI.

La primera comunicación con contenido sobre el caso Ayotzinapa fue enviada el 4 de mayo del 2015 desde el correo personal del General de División Humberto A. Guillermo Aguilar, quien fue jefe del Estado Mayor. Allí se advertía sobre la apertura de nuevas líneas de investigación y el encuadramiento del caso como desaparición forzada.

En otra de las asesorías de Guillermo Aguilar, enviada el 18 de mayo del 2015, reiteraba que no debía aceptarse que el caso fuera considerado como desaparición forzada y recomendaba aleccionar al personal militar del Batallón 27 para evitar inconsistencias.

Luego, en un documento enviado el 7 de septiembre del 2015, el ex jefe del Estado Mayor de la Sedena recomendó evaluar si podrían considerar a los estudiantes como fallecidos, con la finalidad de indemnizar a las familias.

Tras la reunión que sostuvo el entonces presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los normalistas el 24 de septiembre del 2015, Guillermo Aguilar emitió una serie de recomendaciones enfocadas en la defensa absoluta de la denominada “verdad histórica”.

Guillermo Aguilar sugirió la contratación de peritos para probar la “verdad histórica” y desacreditar las conclusiones presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En julio de 2018, en una ceremonia que encabezó el antiguo titular de la Sedena, Salvaldor Cienfuegos Zepeda, el General de División Humberto Alfonso Guillermo Aguilar fue condecorado junto con otros 28 generales en retiro.

Aunado a este caso, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad integra una serie de expedientes más en los que altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional han intentado deslindar la participación del ejército en la desaparición de los 43 normalistas. 

Entre estos intentos o maniobras, destaca también una carta atribuida al general Luis Crescencio Sandoval y dirigida al presidente López Obrador, en la que el general aboga por el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los mandos del 27 batallón de infantería que recorrió las calles de Iguala la noche en que desaparecieron los normalistas.

¿Qué hay en Guacamaya leaks? Gobierno de AMLO espía activistas mediante Pegasus

El dos de octubre fue publicada una investigación hecha de manera en conjunta por la Red por los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Social TIC, Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político, en la que después de una revisión de la información filtrada por los hacktivistas de Guacamaya, se reveló evidencia  de que al menos 3 periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron espiados con el software Pegasus entre 2019 y 2021.

Las tres personas que han sido espiadas con Pegasus tienen en común que han documentado de manera constante las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

El primero de los tres es Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha documentado y acompañado a víctimas de crímenes del Ejército y la Marina ocurridos en la frontera norte.

El segundo caso se trata de Ricardo Raphael, escritor y periodista, quien fue espiado con Pegasus en 2016, y luego en 2019 y 2020. 

Raphael fue atacado en octubre de 2019, mientras presentaba su libro “Hijo de la guerra”, el cual relata la historia del grupo criminal Los Zetas y en diciembre de 2020, según la investigación conjunta, fue espiado tras retomar temas vinculados con el Ejército.

El tercer caso de espionaje es un periodista de Animal Político, cuya identidad permanece anónima por cuestiones de seguridad. 

De acuerdo con la investigación, el periodista fue espiado mediante el software Pegasus el mismo día que el medio publicó una nota relacionada con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Además, de acuerdo con esta investigación, cuya información fue publicada de manera parcial en el portal Aristegui Noticias, después de revisar los contratos de la Sedena se encontraron contratos con la empresa Comercializadora Antsua SA de CV, la cual forma parte de una red creada por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en México para vender equipo de espionaje y otros bienes al gobierno. 

Según la investigación, Comercializadora Antsua tenía cartas de NSO Group (la empresa de tecnología israelí desarrolladora de Pegasus) que la autorizaban para vender el software espía a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2018 y 2019, en archivos que forman parte de una investigación federal en poder de fuentes que piden resguardar su identidad.