Por Alejandra Padilla
Visualización de datos por Hugo Osorio

La Alerta de Género está activa en 12 estados de México como una medida de emergencia para combatir la violencia contra las mujeres. Guerrero y Quintana Roo son dos de los cinco estados con la mayor tasa de delitos, pero han invertido los menores montos en su combate. Ninguno de ellos cumplió con todas las medidas planificadas. Un caso que muestra la falta de planificación y control de calidad en las políticas públicas del país

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La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue puesta en marcha en 2015 para prevenir, atender y hacer justicia en los casos de violencia contra las mujeres. Desde que fue creada, doce estados de México la han adoptado e invertido 128.6 millones de pesos (6.6 millones de dólares) a la atención de la medida. Una fiscalización a los documentos de las acciones y presupuestos ejecutados desde entonces en cada uno de ellos, muestra que los estados con los índices más altos de violencia de género son los que menos invierten en prevenirla. Solo en uno de ellos disminuyeron los casos.

La AVGM fue puesta en marcha en el Estado de México y Morelos en 2015; en Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz en 2016; y en Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit en 2017.

En México y Morelos, la tasa de delitos contra las mujeres ha aumentado desde que la Alerta de Género fue declarada: subió 10 a 24 delitos por cada 100 mil mujeres de 2015 a 2017, en el Estado de México. En Morelos el aumento fue de 86 a 97. Chiapas es la única entidad en la que la tasa ha disminuido a partir de la puesta en marcha de la medida: pasó de 16 delitos en 2016 a 13 delitos por cada 100 mil mujeres en 2017.

¿En qué invierten los Estados? ¿Cumplen los objetivos dictaminados por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que creó el AVGM? ¿Cuánto gastan y cuánto han incidido con las políticas implementadas en la prevención y disminución de la violencia de género?

Serendipia, con apoyo de la Iniciativa de Periodismo de Investigación de las Américas del ICFJ/ CONNECTAS, obtuvo los reportes y facturas de los bienes y servicios que la docena de estados con Alerta de Género ha destinado a atender la medida. La revisión de esos documentos, así como de las declaratorias de Alerta de Género y del reglamento de la medida muestra que, al no existir lineamientos claros sobre el destino de los recursos públicos en la ley ni en su reglamento, el dinero ha sido utilizado en bienes y servicios que en ocasiones no tienen un impacto directo en la prevención o en la atención a víctimas.

Por ejemplo, el instituto de las mujeres en Colima incluyó la compra de artículos de limpieza dentro de los gastos relacionados con la medida.  El gobierno de Guerrero, por su parte, gastó 149 mil pesos (7,000 dólares) en libros, sin especificar los títulos que adquirió ni cuál es su relación con la Alerta de Género.

Otros estados destinan el dinero a gastos que deberían ser corrientes, como Sinaloa, que utilizó 2.2 millones de pesos (115 mil dólares) en uniformes para eventos relacionados con la violencia de género y trajes aislantes. También Morelia, en Michoacán, reportó  8.9 millones de pesos (460 mil dólares) para pagar sueldos de funcionarios públicos como un gasto que corresponde a la AVGM, sin especificar en dónde trabajan esos funcionarios y cómo su trabajo está relacionado con la Alerta.

Más violencia no significa mayor inversión

En México, siete mujeres mueren por día víctimas de violencia de género. De cada diez, siete han sido víctimas de violencia sexual y emocional. La mitad de esas veces por hombres con quienes sostienen una relación sentimental, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por eso en 2015 fue creada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, una medida de emergencia que puso en marcha un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.

Cada Estado que quiera instrumentar la medida, debe solicitarlo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación (Segob). Desde entonces, 12 Estados lo han hecho. Para conocer en qué han invertido ellos, Serendipia solicitó las facturas que comprueben la erogación de recursos públicos para atender la AVGM, via solicitud de transparenca. Las respuestas demuestran que las entidades con los mayores índices de violencia contras las mujeres no son los que más dinero invierten en la atención.

Tres de los cinco estados con indíces más altos de violencia de género, son tres de los estados con menos inversión: Guerrero, segundo en cuanto a delitos (185 por cada 100 mil mujeres), está en el décimo lugar de invesión, con 47 mil pesos (2.400 dólares) por cada 100 mil mujeres.  Quintana Roo está debajo de Guerrero en indíce de violencia de género, y en el noveno lugar del gasto: 79 mil pesos por cada 100 mil mujeres.

En el otro extremo, San Luis Potosí es el que más invierte y es el séptimo en índice de violencia entre los 12 estados con AVGM . El Estado de México tuvo está en el décimo lugar en el ranking de violencia de género pero inviertió 25 veces menos que San Luis Potosí: 36 mil pesos (mil 800 dólares).

Morelos se niega a hacer públicos  los documentos que comprueban los gastos realizados para atender la AVGM. Sin embargo, ese estado tiene también altos índices de violencia: está en el tercer lugar. Hay un solo estado cuyo índice delictivo coincide con la inversión de recursos públicos que hace para atender la Alerta de Género: Nuevo León.

La disparidad y falta de planificación en la inversión se debe, de acuerdo con miembros de organizaciones civiles que han solicitado la medida de emergencia o formado parte del grupo de trabajo de la misma, al diseño de la Alerta. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no da precisiones o sugerencias concretas sobre dónde y en qué invertir, tampoco sobre la fiscalización de la inversión de recursos.

La alerta debe ser solicitada por una organización de la sociedad civil local a la Conavim. Después, un grupo de trabajo integrado por cuatro académicas y representantes de Segob, Inmujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el instituto estatal de las mujeres,  estudian el caso durante un mes. Si el contexto de violencia feminicida lo amerita, el grupo de trabajo envía algunas recomendaciones que el estado debe atender en seis meses. Pero ese proceso casi siempre demora más. Chiapas y Colima son los estados en donde el proceso ha tardado más: 28 meses.

Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, dice que además falla el seguimiento: “el reglamento no dice cómo se va a dar el seguimiento de las acciones de un estado que ya tiene una declaratoria. Todo queda en manos de la Conavim, en una manera poco clara”. En los informes de cumplimiento que los estados presentan ante la Conavim, no hay detalles de los gastos.

“Como es tan grave la situación (de violencia contra las mujeres), nos enfocamos a que se declare la Alerta de Género”, dice Ana Pecova, directora de la organización feminista Equis, Justicia para las Mujeres, “pero desde el diseño estructural hay grandes vacíos que no hemos desarrollado bien, no tenemos un modelo funcional, no hay una manera de regular cuánto dinero destina cada estado (a la atención de la medida)”. El reglamento tampoco dice cuándo ni cómo levantar una declaratoria.  

La postura de la Conavim fue solicitada por este medio digital, pero el área de comunicación de la Segob (encargada de tramitar las solicitudes de entrevista de sus órganos desconcentrados) argumentó que es imposible realizar entrevistas por encontrarse en el periodo de transición rumbo al cambio de gobierno en diciembre próximo.

¿A dónde fueron 128 millones de pesos?

Los 12 estados en donde está activa la Alerta de Género han destinado, en total, 128.6 millones de pesos (6.6 millones de dólares) a la atención de la medida entre 2015 y enero de 2018.  Para conocer el monto, Serendipia dirigió 184 peticiones de acceso a información pública a las dependencias estatales y municipales encargadas de la seguridad, finanzas y equidad de género a nivel estatal y municipal en las 12 entidades en donde la Alerta de Género está activa. Morelos fue la única entidad que clasificó la información como reservada.

El análisis de los documentos entregados en respuesta a las peticiones muestra que ninguno de los estados ha cumplido con todas las medidas establecidas en su declaratoria de Alerta de Género, si se comparan los gastos con lo que cada gobierno estatal se comprometió a poner en marcha para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas en su territorio.

Las medidas varían de estado a estado, pero algunas son comunes a las 12 declaratorias de AVGM. La primera, por ejemplo, establece la obligación de difundir los alcances de la Alerta de Género en medios de comunicación y espacios públicos. Cuatro estados no reportan gastos para cumplirla: Colima, Guerrero, Nayarit y Quintana Roo. El resto de las entidades ha destinado 9.6 millones de pesos (498 mil dólares) para divulgar la Alerta.

La capacitación de servidores públicos es otra medida común entre los 12 estados. Guerrero y Quintana Roo son los únicos estados que no reportan gastos en conferencias, capacitaciones de servidores públicos ni ningún otro concepto relacionado con esta acción, mientras que las otras nueve entidades suman gastos por 32 millones de pesos (1.6 millones de dólares) para atenderla.

En nueve de las 12 declaratorias de AVGM el rubro de justicia y reparación del daño contempla una medida que consiste en “Asignar recursos para conformar una Unidad Especializada que dé trámite a las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres”. De acuerdo con el documento, la unidad debe estudiar los expedientes archivados para identificar posibles deficiencias en la investigación y sugerir diligencias que podrían ayudar a esclarecer los hechos.

El Estado de México, Morelos y Veracruz son las entidades que no incluyen esta acción. Los otros nueve estados sí la incluyen, pero solo Nayarit ha destinado recursos públicos para atenderla: 16 mil pesos (826 dólares)  en viáticos para que funcionarios viajaran a revisar los expedientes en 10 municipios del estado.

Otros gastos, como la adquisición de libros, material de ferretería, persianas, lámparas o servicios de sonido suman un desembolso de 9.3 millones de pesos (480 mil dólares). Le sigue la inversión en acceso a servicios para la ciudadanía, categoría que incluye la adecuación de inmuebles para los institutos locales o la creación de módulos de atención y unidades especializadas para las mujeres, con 9.2 millones de pesos (475 mil dólares).

La adquisición de pintura, productos de limpieza, medicinas y carpas también son conceptos en los que esa docena de estados ha invertido recursos públicos destinados a atender la AVGM, así como la renta de muebles e inmuebles para realizar conferencias y mesas de trabajo.

“El problema es establecer qué valorar cualitativamente, cuál es el resultado, qué aprendieron (los servidores públicos) de esa conferencia y cómo lo ponen en práctica”, dice Alejandro Hope, analista en seguridad pública. Y agrega: “Realizar un ciclo de conferencias y gastar en artículos de oficina y comida no soluciona el problema”. Para Hope, el análisis de resultados de políticas públicas en el país debería basarse en un análisis cualitativo más que en un reporte de resultados según los números: “Se tendría que medir con un trabajo de campo, con personal que les dé seguimiento a los comportamientos sociales en los municipios (con Alerta de Género)”.

Hay en la Alerta de Género una oportunidad que la mayoría de los estados desaprovecharon: la de solicitar recursos federales. Solo Chiapas, Michoacán, Morelos y Veracruz lo aprovecharon, el resto ha atendido las acciones relacionadas con la AVGM con sus propios recursos

Michoacán fue el primer estado en acceder a estos fondos, por medio de su Procuraduría. El 30 de octubre de 2017, la Conavim le transfirió 2.2 millones de pesos (116 mil dólares) para atender el proyecto “Aplicación efectiva de medidas de protección en beneficio de las mujeres víctimas de violencia en Michoacán”. Luego dos informes sobre el avance del proyecto y la copia de la publicación del Protocolo estatal de actuación y seguimiento de las medidas de protección para mujeres en situaciones de violencia.

A la Secretaría de Gobierno de Veracruz, le transfirieron cinco millones de pesos (258 mil dólares) para el “Proyecto para la atención de la declaratoria de violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz” el 10 de noviembre de 2017.  El gobierno estatal ha entregado 19 documentos para informar a la Conavim sobre los avances del proyecto. Ninguno detalla el destino de los recursos recibidos.

En Morelos, la Fiscalía General recibió cinco millones de pesos (258 mil dólares) para el proyecto “Fortalecimiento de los servicios especializados que brindan atención a víctimas de violencia en el estado de Morelos”, el 21 de noviembre de 2017.

Chiapas recibió 4.8 millones de pesos (250 mil dólares) para atender tres programas. El 21 de noviembre de 2017 le fueron transferidos 298 mil pesos (15 mil dólares) a la Secretaría de Educación Estatal para el programa “Alerta de violencia de género contra las mujeres de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas”, y 4.5 millones de pesos (233 mil dólares)  para el “Programa de capacitación para la prevención y atención de la violencia de género”. El estado entregó un informe con los hallazgos preliminares de la SEP y otros seis documentos (protocolos y diagnósticos). En ninguno de ellos incluye facturas ni otros documentos fiscales que comprueben el destino de los recursos que recibió.

Para conocer el detalle del gasto por estado da click aquí.

METODOLOGÍA

Las cifras y cálculos sobre gastos de recursos públicos para atender la Alerta de Género de este reportaje se obtuvieron de solicitudes de acceso a la información dirigidas a las dependencias y municipios de los 12 estados con Alerta de Género. La información recogida se trasladó a una hoja Excel, que incluyó como ítems la fecha del gasto, la dependencia que ejerció los recursos, el objeto del gasto y el monto ejercido, entre otros.

Las cifras sobre incidencia delictiva fueron consultadas en la base de datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Así se construyó una base de datos que posteriormente fue volcada en visualizaciones.

Alejandra Parker contribuyó en la sistematización de los datos y Xóchitl Rodríguez Quintero transcribió las entrevistas con las víctimas.

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Este reportaje fue realizado por Alejandra Padilla para Serendipia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.